Teuchitlán, Jalisco.- En una audiencia pública que marcó el inicio de un proceso judicial de alto perfil, la jueza encargada del caso del alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, autorizó la presencia de medios de comunicación durante el acto de imputación, celebrado tras su detención el pasado 3 de mayo.
Murguía Santiago fue imputado como presunto responsable del delito de delincuencia organizada en agravio de la colectividad, por su presunta participación con un grupo criminal vinculado al Rancho Izaguirre, señalado como centro de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Graves acusaciones: complicidad activa y colaboración directa
La Fiscalía detalló que el alcalde habría colaborado de forma “dolosa, consciente y voluntaria”, con pleno conocimiento de los actos criminales que se desarrollaban en su municipio. Se le acusa de haber permitido la libre operación del grupo criminal, facilitando incluso el tránsito de vehículos con reporte de robo por las calles de Teuchitlán.
Los señalamientos también apuntan a la presencia directa de Murguía Santiago en el Rancho Izaguirre, entre abril y junio de 2024, donde presuntamente sostuvo reuniones con un individuo apodado “El Lastra”. Según las declaraciones, en una de esas ocasiones el alcalde habría ordenado arrojar a una fosa una bolsa con órganos humanos, refiriéndose a las víctimas como “estos perros que no vivirán para contarlo”.
Nexos financieros con el crimen organizado
La Fiscalía también presentó testimonios que vinculan a Murguía Santiago con pagos mensuales de 70 mil pesosprovenientes de figuras delictivas conocidas como “El Sapo” y “El 090”, lo que refuerza la hipótesis de una colaboración sostenida con el crimen organizado.
La dependencia aseguró que la intervención del alcalde fue la de un “autor material y directo” en los hechos investigados, y no simplemente de omisión o encubrimiento.
Un caso que sacude a Jalisco
La imputación formal de un funcionario en funciones por vínculos directos con el crimen organizado ha causado conmoción en la región y plantea serias preguntas sobre el grado de infiltración del crimen en las estructuras de gobierno local.
El proceso judicial continúa, mientras los reflectores nacionales se mantienen sobre Teuchitlán y el escándalo que podría marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Jalisco.
