Ciudad de México — La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y definitiva el recinto Dolphinaris Barceló, operado por la empresa Acuario Arrecifal, tras documentar graves irregularidades en el trato hacia un delfín llamado Mincho, quien resultó lesionado durante una acrobacia y, pese a ello, fue obligado a continuar participando en actividades de alto impacto.
Como parte de la sanción, la dependencia impuso una multa de 7 millones 526 mil 240 pesos y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable. La denuncia se sustenta en el artículo 420, fracción I, del Código Penal Federal, que contempla penas de hasta nueve años de prisión por el daño ilícito a mamíferos marinos.
El caso de Mincho
El caso que motivó las sanciones ocurrió el 28 de noviembre de 2020, cuando Mincho, un delfín de 35 años —el más longevo del recinto— se golpeó contra una plancha de concreto durante una acrobacia. Este accidente no fue reportado a las autoridades como lo exige la normatividad ambiental, y el animal regresó a trabajar apenas dos días después del impacto, pese a tener una incapacidad médica de 15 días otorgada por el veterinario.
Actualmente, Mincho presenta queratitis crónica en ambos ojos, ha perdido la visión del izquierdo y mantiene solo un 60% de visión en el derecho, bajo tratamiento. Aunque hoy no participa en actividades de alto impacto, su salud fue comprometida por prácticas indebidas del delfinario.
Irregularidades documentadas
La Profepa identificó múltiples violaciones a la normatividad ambiental y de bienestar animal, entre ellas:
* Realización de acrobacias sin autorización y fuera del plan de manejo aprobado.
* Participación de ejemplares en actividades recreativas mientras estaban bajo tratamiento médico.
* Exceso de personas en las sesiones interactivas, superando el límite permitido.
* Ausencia de evaluaciones médicas periódicas, obligatorias por ley.
* Temperaturas del agua no reguladas, con registros por encima de los 27°C, fuera de los estándares requeridos para el bienestar de los delfines.
Durante la inspección realizada en el primer trimestre de 2025, se revisaron tanto a los ejemplares como la documentación presentada por la empresa. Los hallazgos derivaron en la clausura total del establecimiento y en la colocación de sellos visibles de suspensión de actividades.
Implicaciones legales
Además de la multa administrativa, el caso se turnó a la FGR como un posible delito ambiental. El artículo 420 del Código Penal establece sanciones para quien capture, dañe o prive de la vida a especies marinas protegidas, como es el caso de los delfines.
Profepa reiteró su compromiso con el bienestar animal y exhortó a los establecimientos que manejan fauna silvestre a cumplir con las disposiciones legales en materia de trato digno y respetuoso.
