San Luis Potosí, SLP.- En respuesta a una iniciativa presentada por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, que plantea reformas en materia de salud mental y adicciones, un grupo de personas en rehabilitación y familiares de pacientes realizaron una manifestación frente al Congreso del Estado para expresar su oposición a la propuesta.
La iniciativa legislativa busca modificar la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios, la Ley de Prevención y Control de Adicciones del Estado, así como el Código Penal, con el objetivo de eliminar el internamiento involuntario en centros de tratamiento y establecer como delito de privación ilegal de la libertad cualquier ingreso sin consentimiento, ya sea del propio paciente, un familiar, tutor o representante legal.
Durante la protesta, los manifestantes marcharon alrededor de Plaza de Armas y posteriormente se concentraron frente al recinto legislativo, donde lanzaron consignas como «Recuperación, sin discriminación» y «anexos unidos, jamás serán vencidos», en rechazo a la propuesta impulsada por la legisladora del Partido Verde Ecologista de México.
«Queremos que no se ejerza una ley estúpida y absurda, perdón por las palabras, pero esta promoviendo lo mismo que hicieron con los animales del circo, la diferencia es que aquí no hablamos de animales, sino de seres humanos que necesitan reintegrarse sanamente a la sociedad, son enfermos», señaló una madre de familia con un hijo actualmente anexado.
La manifestante sugirió que, en lugar de sancionar el internamiento no voluntario, se fortalezcan los mecanismos de supervisión y atención institucional. «Haga que a los anexos vayan trabajadoras sociales y personal de salud que los atienda, porque es lo que se necesitan», añadió.
Los asistentes a la protesta advirtieron que la propuesta no considera la realidad de cientos de familias que recurren al internamiento como última opción ante la falta de respuesta institucional, y subrayaron que, de aprobarse la reforma, promoverán recursos legales de amparo.
La reforma propuesta por Aradillas busca homologar el tratamiento legal del internamiento involuntario con los principios de los derechos humanos, priorizando el consentimiento informado como condición indispensable para ingresar a centros de rehabilitación o instituciones de salud mental.
