A nivel mundial, se estima que cada año más de 2 millones de niñas menores de 15 años dan a luz, de acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Lejos de ser una “decisión” o un hecho aislado, los embarazos infantiles son el reflejo de estructuras de violencia, desigualdad y abandono institucional que afectan principalmente a niñas de contextos rurales, indígenas o empobrecidos.
En países de América Latina, África subsahariana y el sur de Asia, el embarazo infantil es una realidad cotidiana. En muchas ocasiones, estos casos no son relaciones consensuadas, sino el resultado de abuso sexual, coerción o matrimonios forzados. En regiones como el Sahel africano o Centroamérica, los agresores suelen ser hombres significativamente mayores, incluso familiares o conocidos cercanos.
Graves consecuencias para la salud física y mental
El embarazo en niñas menores de 15 años representa un alto riesgo para su salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las niñas en estas edades tienen una probabilidad cuatro veces mayor de morir por complicaciones durante el parto que las mujeres adultas.
Además, enfrentan secuelas físicas como fístulas obstétricas, anemia severa y mayor riesgo de parto prematuro o cesáreas de emergencia.
Las consecuencias psicológicas también son devastadoras: traumas por abuso, depresión posparto, deserción escolar y aislamiento social.
En muchos países, estas niñas son revictimizadas o culpabilizadas por sus comunidades, mientras los agresores permanecen impunes.
Latinoamérica: la única región donde aumentan los partos infantiles
Aunque globalmente las tasas de embarazo adolescente han disminuido, Latinoamérica es la única región donde los partos infantiles no solo persisten, sino que aumentan. En México, por ejemplo, tan solo en 2024 se registraron más de 8,200 nacimientos de niñas entre 10 y 14 años, lo que equivale a 22 partos infantiles diarios, según datos del Inegi y el Sistema Nacional de Salud. En la mayoría de los casos, el padre es al menos 20 años mayor que la menor.
Organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Save the Children, han advertido que muchos de estos embarazos deben considerarse emergencias humanitarias y han exigido políticas públicas urgentes que incluyan: educación sexual integral, acceso a anticonceptivos, rutas de denuncia accesibles y atención especializada para las víctimas.
Un llamado a la acción global
Expertos coinciden en que no se trata solo de un problema de salud, sino de una violación grave de derechos humanos. Las niñas no deben ser madres. Para erradicar los embarazos infantiles, se requiere un enfoque multidisciplinario que involucre a gobiernos, escuelas, familias y comunidades, además de voluntad política real.
Mientras el mundo mira hacia otro lado, miles de niñas ven truncada su infancia cada día. Dar a luz a los 10, 12 o 14 años no es un destino, es una falla colectiva que puede y debe detenerse.
