San Luis Potosí, SLP.- A pesar de que la Constitución establece un criterio académico mínimo para ocupar un cargo en el Poder Judicial, el magistrado electo Ángel Gonzalo Santiago Hernández volvió a justificar que dicho requisito no le aplica por haber accedido mediante el llamado “pase directo”, una figura que ha sido ampliamente criticada por permitir excepciones a la exigencia de tener un promedio mínimo de 8 en la Licenciatura en Derecho.
“Más que entrar al debate del promedio o no, les quiero externar a fin de dar certeza a este procedimiento que yo, como el de los compañeros que estamos impugnados, hicimos valer el uso de una cláusula que la propia Constitución nos dio en el Decreto Legislativo 0029 del 19 de diciembre, en el cual quienes hayan fungido como jueces y que estábamos en licencia podíamos hacer uso del pase directo no solamente yo sino la mayoría de los jueces que estaban en funciones, así como los magistrados”, explicó.
Santiago Hernández aseguró que el “pase directo” se justifica por la experiencia adquirida en cargos previos como juez mercantil por oposición, aunque el debate de fondo —sobre si un cargo judicial puede compensar una formación académica insuficiente— sigue sin resolverse.
Pese a que el proceso ha sido impugnado por al menos cuatro candidatos no electos el pasado 1 de junio, el magistrado electo defendió su nombramiento al señalar que ya se sigue una ruta legal que dará claridad a su caso:
“Esa será la contratación de la impugnación, en la cual mi defensa da el camino hacia esa parte, de que yo hice uso de mi pase directo que la propia Constitución que está vigente me lo estipuló y se hizo valer en la convocatoria y conformación de los comités. Entonces ese es el punto que estamos respondiendo conforme a derecho”.
El magistrado también afirmó que confía en obtener una resolución favorable antes del 25 de agosto, pues, según declaró, ya sostuvo audiencia de alegatos con los integrantes del Tribunal Electoral, quienes le indicaron que no esperarán a agotar los plazos.
Los cuatro magistrados que no cumplen con el promedio mínimo requerido son Arturo Morales Silva (7.91), José Luis Ruíz Contreras (7.91), Mónica Kemp Zamudio (7.88) y el propio Ángel Gonzalo Santiago Hernández, quien obtuvo 7.58, lo que ha reavivado las críticas hacia los mecanismos de acceso y evaluación al interior del Poder Judicial.
