Permitir el uso de recursos públicos o apoyos sociales, para beneficio personal, es una practica que viola la confianza pública, socava la integridad del servicio publico y puede tener graves consecuencias legales y administrativas.
En primer término, la dependencia responsable del manejo de los apoyos sociales debe aclarar, por que permitió el manejo, distribución, difusión, y resguardo, de “apoyos alimentarios “a un ciudadano. Solo esta acción no solo violaría las reglas de operación de los programas sociales, si no también, podría considerarse como uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios públicos para beneficio personal o de terceros, lo cual constituye una conducta ilícita sancionable.
En segundo término, los actos y conductas ampliamente documentadas en Ciudad Valles, dejan en evidencia un burdo ejemplo de tráfico de influencias, al permitir la supuesta gestión de un particular, de los apoyos sociales para obtener beneficios personales, lo cual también se transcribe como una conducta ilícita.
La dependencia responsable tendrá que aclarar este acto de corrupción, o bien deslindarse y en su caso, iniciar los procedimientos correspondientes ante el Órgano Interno de Control, y evidentemente ante la Fiscalía General del Estado, con el objeto de que se realicen las investigaciones correspondientes y se concluya en las responsabilidades y sanciones que ante lo evidente e inexcusable proceden.
Mantenerse al margen y no emitir una postura formal, no hace mas que confirmar que podría existir una coalición de funcionarios públicos y particulares, con el propósito del uso incorrecto e ilegal de recursos públicos, y el uso de cargospúblicos, para obtener beneficios personales o favorecer a terceros. Y ante esto también el Instituto de Fiscalización Superior del Estado ( IFSE ), estaría obligado legalmente, para iniciar los procedimientos establecidos por la Ley.
Por lo anterior, y en apego a la legalidad, es imperante que Sedesore, actúe de inmediato y aclare lo sucedido, y a su vez, que las dependencias responsables de la vigilancia y fiscalización en el estado, deben salir de ese letargo institucional en el que se encuentran, y cumplir y hacer cumplir la Ley.
