San Francisco de Campeche, Campeche – El 31 de marzo de 2025, Susan Saravia, de 22 años y estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche, sufrió una violación grupal dentro de su propio departamento tras una salida nocturna con amigos. Los presuntos agresores fueron tres jóvenes, uno de ellos un amigo cercano en quien confiaba plenamente.
Pese a que la denuncia se presentó pocas horas después de los hechos, el proceso judicial se vio obstaculizado desde su inicio. Se tardaron más de quince días en girar las órdenes de aprehensión, cuando el delito exige acción inmediata.
Solo uno de los tres presuntos agresores, identificado como Ángel “N”, fue detenido el 10 de julio y vinculado a proceso con prisión preventiva. Los otros dos hombres, Yeshua “N” y Jorge “N”, permanecen prófugos. Según la madre de la víctima, ambas familias habrían ofrecido a Susan bienes materiales — como casas, automóviles o dinero— para que retirara la denuncia.
Susan y su madre han acusado además que los tres hombres tendrían vínculos con el partido Morena y con funcionarios locales, lo que habría entorpecido la investigación.
Ante la lentitud institucional y el silencio de autoridades estatales —sin postura oficial por parte de la gobernadora Layda Sansores ni de la Secretaría de Gobierno— Susan decidió romper el anonimato que había guardado hasta entonces y compartir su historia en redes sociales.
En un video viral, relató su calvario emocional tras enfrentar comentarios revictimizantes: “han hecho páginas con mis fotos… comentarios que me desacreditan”, denunció la joven, quien tampoco pretende ser objeto de lástima sino justicia auténtica.
Tras su publicación, al menos otras siete mujeres se acercaron a relatar experiencias similares con los tres mismos hombres. Susan y su madre han invitado a estas víctimas a presentar formalmente sus denuncias en el Centro de Justicia para las Mujeres.
Susan ha relatado sentirse “juzgada por la sociedad” y revictimizada incluso por funcionarias del distrito judicial. Según su madre, algunas autoridades cuestionaron si uno de los agresores “sería capaz de violar trabajando solo”.
A 120 días de los hechos, la exigencia de Susan y su madre es contundente: detener a los dos agresores restantes, garantizar un proceso judicial sin influencias políticas y reforzar la atención judicial hacia las víctimas de violencia de género en el estado de Campeche.
“Presuntamente hay más chicas… ¿Cómo quieren que nuestra sociedad hable si, al hacerlo, nos van a juzgar?”, cuestiona Susan, reclamando que las autoridades no solo escuchen, sino también crean a las víctimas.
