San Luis Potosí, SLP.- Graciela García, paciente renal y madre de un menor, vivió durante seis meses con un catéter doble J vencido en su cuerpo, tras una cirugía fallida realizada en la Clínica 50 del IMSS en San Luis Potosí. Aunque el procedimiento buscaba extraerle una piedra del riñón, el hospital carecía del equipo necesario para completarlo. A la fecha, Graciela continúa esperando una cirugía que le permita recuperar su salud.
“El catéter se encarnó un poquito en el riñón. Sí, me causó ciertos problemas de hecho en este momento y no le miento en este momento tengo el dolor fuerte fuerte del lado izquierdo, mucha fatiga, dolor de espalda, ya no puedo trabajar…”
La paciente explicó que antes de esa cirugía, sus riñones se encontraban en buen estado y que su médico evitó una intervención abierta para no comprometer su funcionamiento. Tras el fallido intento, solicitó ser transferida a un hospital en Monterrey, pero su caso fue rechazado por no considerarse grave.
“La persona que está encargada de eso en la clínica 50, lo pone escrito. Él me dijo que se me rechazó la cirugía, porque no es una cirugía de gravedad y se puede hacer aquí en San Luis.”
Al intentar resolver por su cuenta, Graciela ofreció pagar por la renta de un láser externo para que le realizaran la cirugía localmente, pero también fue rechazada por la institución. Su procedimiento fue cancelado en más de una ocasión por falta de personal médico y vacaciones del personal.
“La renta costaba 14 mil 600 pesos (…) la persona encargada ahorita de la dirección me dijo que no porque ella no quería tener problemas…”
Finalmente, el 24 de julio fue intervenida por médicos pasantes, bajo la supervisión de un especialista, pero la anestesia también fue aplicada por practicantes, lo que le causó molestias y daños físicos posteriores. A partir de entonces, Graciela ha sufrido síntomas que atribuye a una mala aplicación. “Ahí estaban los doctores titulados, pero quienes realizaron todo fueron practicantes.”
Además del deterioro físico, enfrenta una carga económica considerable por consultas y medicamentos externos. Le han dicho que no tendrá cita con un urólogo hasta enero de 2026. Mientras tanto, organiza tandas para reunir el dinero que le permita atenderse en el sector privado.
“Estoy haciendo unas tandas que tengo pensado juntar 70 mil pesos que me cuestan la cirugía para poderme operar acá afuera.”
Graciela ha buscado apoyo institucional y del gobernador sin éxito. Su exigencia es clara: que se le otorgue la atención médica que por derecho le corresponde, sin privilegios. “Nada más pido que me hagan el envío, que me quiten mis piedras y ya.”
