Lonquimay, La Pampa — En un episodio tan insólito como polémico, cuatro presos de la comisaría local de Lonquimay fueron liberados temporalmente para trabajar en la fiesta de casamiento del jefe de la dependencia, el inspector Cristian Martín Galván. El hecho ocurrió en mayo del año pasado, pero trascendió en los últimos días generando sorpresa y controversia.
La boda se celebró a escasos 100 metros de la comisaría, en un salón de eventos de la pequeña localidad situada a unos 600 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Allí, los reclusos —cuya identidad no fue revelada— fueron encargados de preparar la comida, servir a los invitados y limpiar el lugar al finalizar la fiesta.
Según trascendió, la decisión de liberar a los internos por unas horas fue tomada por el propio Galván, quien contaba con autoridad sobre los mismos. Si bien los detenidos regresaron a su lugar de reclusión sin incidentes, el uso de personas privadas de libertad para un evento personal generó preguntas sobre los límites del poder policial y el respeto a las normas penitenciarias.
Las autoridades provinciales aún no han emitido declaraciones oficiales, aunque fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad de La Pampa confirmaron que se está investigando si hubo una infracción administrativa o violación del reglamento penitenciario. También se evalúa si los presos participaron voluntariamente o si existió algún tipo de presión para aceptar el «trabajo».
Por su parte, vecinos de Lonquimay —una comunidad de poco más de 1.500 habitantes— expresaron reacciones divididas. Algunos aseguraron que se trató de un gesto de confianza y reinserción, mientras que otros lo consideraron un abuso de poder por parte del comisario.
El hecho pone en debate el uso de los recursos humanos en contextos de encierro, la delgada línea entre reinserción y explotación, y los vacíos normativos que aún persisten en muchas instituciones del país.
