Las cárceles tienen la finalidad de tener encarcelada a la peor escoria de la sociedad, aquella que no supo respetar las leyes y cayó tentada en la criminalidad, sin embargo, como si se tratará de una pasarela de modas, con el paso de los años el penal capitalino tiene toda una variedad de delincuentes que muy bien podrían dar para realizar una serie televisiva.
Para dimensionar con las cifras más cercanas, hasta inicios de enero del 2024 el sistema carcelario del estado de San Luis Potosí tenía a 3 mil 107 personas privadas de la libertad (PPL), de los cuales en su mayoría son asesinos, violadores, narcomenudistas, rateros y violadores, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Aunque seguramente faltarán varios de nombrar, en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO), el más grande y equipado de la entidad, residen varios que, por la gravedad de delito cometido cobran relevancia mediática, al grado que pasan los años y el colectivo social sigue recordando sus aprehensiones y como hoy están encarcelados.
Para iniciar, en mayo del 2021 Raúl “N”, presunto autor intelectual del asesinato de Julio César Galindo Pérez, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), fue detenido y recientemente lo sentenciaron a ocho años de prisión.
Si bien varían las fechas de sus detenciones, durante el 2023 diversos elementos de la Policía Ministerial del Estado que integraban el denominado “cartel de la Ministerial” fueron detenidos por asesinar a dos hijos de una de sus colegas, quien fue la responsable de denunciar la existencia de esta agrupación de policías dedicados a delinquir como una organización del crimen organizado.
Uno de las “joyitas” más mediáticas es Alejandro Fernández Montiel, exprocurador de la Defensa de las Personas Adultas Mayores del DIF, quien fue sentenciado en octubre del 2022 a 12 años de prisión y tres meses, por el delito de violación agravada contra un adolescente, usuario del sistema asistencial.
Aunque quizás no lo alcance la justicia del hombre, porque cuando lo detengan, si es que un día lo logra la Fiscalía General del Estado (FGE), Eduardo Córdova Bautista, excura de la Arquidiócesis Potosina tiene asegurado un lugar aquí por presuntamente haber violado a un adolescente durante un viaje a la Ciudad de México.
OTROS DIAMANTES
Aunque no se encuentra recluido junto a los antes referidos, en el penal de Ciudad Valles compurga prisión preventiva Filiberto N, conocido como el “feminicida serial” del municipio de Tamuín, quizá el más sanguinario de la historia reciente de la entidad.
Entre 2010 y 2014, el exmilitar asesinó a cinco mujeres, cuatro de ellas niña y adolescentes, a quienes acosó sexualmente, violó y posteriormente mató para luego enterrar sus cuerpos en zonas cañaverales de Tamuín. Aún espera sentencia… todo indica que será condenatoria.
Si bien en mayo del 2022 se declaró culpable de los delitos de uso abusivo de la función pública, fraude y asociación delictuosa, Mónica Liliana Rangel Martínez, exsecretaria de Salud obtuvo la libertad al pagar 22 millones de pesos como reparación del daño.
Lo mismo sucedió en febrero del 2023, con Jaime Ernesto Pineda Arteaga, exsecretario de Seguridad Pública del Estado, quien luego de declararse culpable de los delitos de uso ilícito de las atribuciones y facultades, ejercicio indebido de las funciones públicas, salió en libertad al pagaruna reparación del daño por 2 millones 286 mil pesos.
De no ser así, en la actualidad continuarían pagando suscrímenes de malversación de recursos públicos en el centro penitenciario.
Por allá del 2010 o 2011 un crimen enlutó y marcó a la colonia San Leonel en sur de la capital, ya que luego de discutir con su esposo, una mujer entró en crisis y asesinó a sus dos pequeños hijos a quienes degolló y luego intentó suicidarse.
Al poco tiempo fue ingresada al penal capitalino, donde fue diagnosticada con problemas mentales y desafortunadamente lo distorsionado que existía en su mente la llevó a quitarse la vida colgándose con una sábana de la reja de la celda. Por su muerte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Otro de los casos que resonaron en la última década fue el que se gestó la madrugada del 5 de mayo de 2017, cuando Eduardo N, “Cayeyo Jr”, asesinó -en su casa del Fraccionamiento Campestre– a Eugenio Castañón, y dos años después, un tribunal de juicio oral en el Centro de Justicia Penal ubicado junto al Cereso de La Pila, declaró culpable a “Cayeyo” de homicidio calificado con las agravantes de ventaja y a traición, otorgándole una sentencia de 32 años y seis meses de prisión.
