Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Centro Psicopedagógico D.A. Psicointegral fue clausurado tras la realización de un cateo e inspección por parte de autoridades estatales, en respuesta a denuncias de maltrato físico, emocional y discriminatorio contra menores con discapacidad, en perjuicio de al menos 13 niños.
La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo llevaron a cabo el aseguramiento del inmueble ubicado en la colonia Los Sabinos, en Tuxtla Gutiérrez. Dicha acción fue producto de investigaciones iniciadas por denuncias interpuestas por padres de familia ante presuntos delitos de lesiones y discriminación.
El cateo se solicitó formalmente tras documentarse que el centro no sólo operaba un curso de verano para menores, sino que también habría aplicado técnicas de contención física sin consentimiento parental apropiado.
Madres y padres de familia denunciaron que alrededor de 15 menores con discapacidades neuromotoras y psicopedagógicas sufrieron agresiones físicas, castigos inapropiados y violencia institucional. Una de las familias reportó incluso que una niña presentó sangrado nasal severo tras ser supuestamente golpeada por otra menor, situación que no correspondería a la fuerza infantil.
Además, relataron prácticas como dejar a menores a cargo de otros menores como forma de castigo, una forma de contención aplicada sin autorización y que dejó secuelas visibles en algunos de ellos.
La Fiscalía Especializada en Atención a Menores activó una carpeta de investigación con base en las denuncias formalizadas. Por su parte, el centro emitió un comunicado indicando que realiza una investigación interna para deslindar responsabilidades, especialmente respecto a dos maestras señaladas. Sin embargo, los padres afirmaron que esta acción es insuficiente y exigen medidas legales y de protección más contundentes.
Las familias afectadas habían organizado ya manifestaciones en días pasados exigiendo el cierre inmediato del centro. Denunciaron que el representante legal intentó deslindarse de toda responsabilidad devolviendo el dinero de inscripción, condicionado a la firma de documentos que liberaran a la institución de cualquier consecuencia, lo que rechazaron de plano.
Con el inmueble clausurado y bajo custodia de las autoridades, la investigación continuará con peritajes forenses, declaraciones de los menores afectados y exámenes psicológicos. Las autoridades de Chiapas han afirmado que evaluarán si el personal del centro contaba con la capacitación y permisos necesarios para operar con menores vulnerables.
