San Luis Potosí, S.L.P. — La actual Legislatura del Congreso del Estado mantiene desinterés ante la creación de la Comisión Especial para la Atención y Protección a Periodistas, la cual no existe a pesar de haber transcurrido casi un año desde que iniciaron funciones.
El contraste con legislaturas anteriores es evidente. Las últimas dos legislaturas, sí instalaron esta comisión, como parte de una herramienta efectiva para cumplir con la colaboración que marca Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de San Luis Potosí, dentro de su Artículo 7 en el que se menciona que el Mecanismo debe coordinar acciones con todos los ordenes de gobierno.
Pese a que no se trata de un mandato legal pero sí una necesidad urgente —en un país donde ejercer el periodismo representa un riesgo creciente—, ninguno de los 27 diputados ha propuesto formalmente la creación de dicha comisión. Y peor aún: ninguno parecía saberlo hasta ser cuestionados por la prensa.
“Qué bueno que lo mencionas”: la sorpresa como respuesta oficial
Cuando se le preguntó al respecto, el diputado Carlos Arreola se dijo sorprendido por la omisión:
“Me sorprende un poco lo que me señalas, porque es un mandato de ley (…). Vamos a revisar con la Junta de Coordinación Política, debiera estar integrada”.
A pesar de reconocer la obligación legal, no ofreció fecha ni compromiso concreto, limitándose a decir que “este mismo mes” podrían tener una “posición política” sobre el tema.
También aprovechó para mencionar otra comisión pendiente —la de reforma político-electoral— dejando entrever que la protección a periodistas se trata de un “pendiente más”.
“Hay un mecanismo ya existente”: justificaciones y evasivas
El diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, evitó criticar la omisión legislativa. En cambio, defendió el mecanismo estatal de atención a periodistas —un órgano interinstitucional que no depende del Congreso— como si eso reemplazara la intención legislativa.
“Hay un mecanismo, (…) que además yo participo ahí como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, como presidente”.
Gama tampoco respondió por qué, si ya lo habían comentado “por ahí”, ningún diputado presentó una propuesta formal.
“Yo lo atribuyo pues a la participación en este mecanismo de atención a periodismo, que para mí es bueno.
Agregó “creo que está desaprovechado, además, digo, en ninguno de los temas para expresarlo o para generar la participación, se requeriría algo en especial. Hay un mecanismo que hay que aprovechar, pero también está la posibilidad de crear la comisión”.
“No ha habido un caso que lo amerite”: la peligrosísima lógica de esperar una tragedia
Para el diputado Héctor Serrano, no se ha creado la comisión porque no ha ocurrido ningún caso específico que la justifique.
“La comisión se instala como consecuencia de revisar un asunto específico. No ha habido uno. Pero parece ser que ya hay uno que vamos a atender…”
Con esa lógica, el Congreso de San Luis Potosí espera que ocurra una agresión grave —o peor— para reaccionar. Y aunque prometió entregar un reporte detallado sobre el tema, no lo entregó hasta el cierre de esta edición.
Diputado evade el tema…
El diputado Fernando Gámez intentó evadir la entrevista cuando fue cuestionado. Su respuesta:
“Nos habla el alcalde, vénganse”.
Y al insistirle, apenas comentó que “hay que analizarlo” y que “lo van a platicar en la bancada del partido”.
Ninguna fecha, ninguna propuesta, ningún nombre. Solo buenas intenciones sin ruta ni compromiso.
Una omisión peligrosa y negligente
La falta de esta comisión no es un olvido menor ni un simple trámite pendiente. Es una omisión con consecuencias reales. La falta de voluntad política en el Congreso de San Luis Potosí es clara, ningún diputado presentó una iniciativa en para la generación de la comisión especial, nadie en la Junta de Coordinación Política impulsó su integración, solo reaccionaron cuando fueron cuestionados, y ni siquiera después de eso se comprometieron con una fecha real.
Porque proteger a periodistas no debería depender de la presión pública ni del calendario político. Debería ser una prioridad. Y en San Luis Potosí, hoy, no lo es.
