San Luis Potosí, SLP.- La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, exhibió la negligencia del Congreso del Estado al señalar que los diputados no han buscado un acercamiento, ni solicitado una opinión técnica sobre la iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.
El rezago legislativo no es menor: desde 2017 debieron trabajar en este tema, pero la falta de voluntad política ha dejado en el abandono a cientos de familias que exigen justicia. La omisión fue tal, que el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP tuvo que recurrir a un amparo federal para obligar a los diputados a cumplir con su deber.
García Cázares reconoció que solo por los medios de comunicación se enteró del recurso legal, ya que la Fiscalía no ha recibido notificación oficial alguna, a pesar de ser una de las autoridades señaladas.
La fiscal agregó que, aunque el Congreso sigue sin mostrar interés ni sensibilidad, la institución está en la mejor disposición de colaborar en la creación de esta nueva fiscalía. Sin embargo, el costo de la indiferencia legislativa lo siguen pagando las víctimas y sus familias, que llevan años esperando acciones que los diputados se niegan a asumir.
