El respeto a los derechos laborales ha sido un tema recurrente en el discurso sobre políticas públicas en México. Sin embargo, en la práctica, su cumplimiento es desigual y las violaciones persisten. A pesar de los numerosos estudios, propuestas y compromisos para generar empleos de calidad, los resultados concretos aún no son visibles. La dinámica del mercado laboral en México y, en particular, en San Luis Potosí, revela un panorama preocupante, marcado por desigualdad, precariedad y explotación.
La explotación laboral se manifiesta de múltiples maneras: horas extras no remuneradas, falta de acceso a servicios médicos, despidos injustificados y discriminación por género. Estas prácticas no solo violan derechos humanos, sino que también cuestionan la dignidad del trabajo formal, que debería garantizar respeto, justicia y condiciones adecuadas para quienes dependen de él.
En San Luis Potosí, la trata de personas con fines laborales constituye una problemática palpable y silenciosa. María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGESLP), señaló que este fenómeno afecta principalmente a personas provenientes del interior del estado, aunque también alcanza a quienes buscan oportunidades laborales fuera de su lugar de origen. “Hemos tenido el reporte de potosinos que han ido a trabajar a otros estados y las fiscalías de aquellos estados nos han estado avisando”, explicó. La captación de víctimas ocurre tanto a través de redes sociales como de denuncias directas, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
Según García Cázares, la trata laboral implica que a los trabajadores se les promete un salario que después no se cumple o se les abandona en condiciones de explotación. Este patrón afecta sobre todo a jornaleros agrícolas, quienes dependen de contratos temporales y carecen de redes de apoyo que protejan sus derechos.
Organizaciones como Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) documentan que los trabajadores indígenas son frecuentemente “enganchados” mediante ofertas de empleo en radio o recomendaciones de conocidos. El “Informe sobre Trata de Personas: Modalidades de Enganche en los Estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas” publicado en 2020, destaca que el 90 por ciento de las víctimas de trata en San Luis Potosí son mujeres y niñas, y que los municipios más afectados incluyen Huehuetlán, Tancanhuitz, Matlapa, Xilitla, Aquismón, Tanlajás, Tamazunchale, Tanquián, Tamasopo, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí capital, Lagunillas, Santa Clara, Villa de Arista y Matehuala. El reclutamiento muchas veces incluye un “adelanto” económico que genera compromiso, aunque con frecuencia termina en explotación y abandono laboral.
El marco legal ha intentado responder a estas violaciones, aunque los avances son insuficientes. Durante la gestión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se emitieron al menos tres recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionadas con jornaleros indígenas. La Recomendación 209/2022 documenta violaciones a los derechos de 38 trabajadores agrícolas en el municipio de Villa de Arista, incluyendo trabajo infantil, acceso insuficiente a servicios de seguridad social y deficiencias en la procuración de justicia. Otra, la Recomendación 70/2016, aborda vulneraciones similares en Villa Juárez, relacionadas con trato digno, libre desarrollo de la personalidad, seguridad jurídica y el interés superior de la niñez.
Estas recomendaciones ponen en evidencia la persistente vulnerabilidad de quienes laboran en condiciones precarias. La Recomendación 209/2022, por ejemplo, detalla cómo los jornaleros indígenas enfrentaron situaciones que violaban su derecho a un trabajo digno y a la procuración de justicia, así como la falta de acciones efectivas para prevenir el trabajo infantil por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La población migrante también enfrenta riesgos elevados. Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), explica que los migrantes suelen aceptar trabajos en sectores como seguridad privada, construcción, servicios y telefonía con altas exigencias físicas y, en muchos casos, condiciones desventajosas. “Esto los coloca en mayor vulnerabilidad y facilita abusos laborales”, señala. La falta de redes de apoyo, desconocimiento del marco legal y necesidad económica urgente hace que muchos acepten condiciones laborales lesivas o excesivas.
La regularización laboral se presenta como una estrategia clave para proteger a trabajadores y migrantes. Formalizar empleos no solo asegura acceso a la seguridad social y prestaciones, sino que también fortalece al Estado, al generar aportaciones fiscales y mejorar la transparencia en los sectores productivos.
La explotación laboral, además, está estrechamente ligada a la desigualdad social. Las personas en situación de vulnerabilidad, como los jornaleros, indígenas o migrantes sin documentos, enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a derechos básicos. La dignidad laboral, entonces, no se garantiza únicamente con leyes o recomendaciones; depende de la implementación efectiva, de la supervisión de autoridades y de la concientización sobre los derechos humanos en todos los niveles del trabajo formal e informal.
A cinco años del informe que alertó sobre la trata laboral en San Luis Potosí, la problemática persiste. La explotación de personas en zonas rurales y migrantes revela que las medidas existentes no son suficientes para proteger a las y los más vulnerables. Mientras tanto, los casos documentados por la FGESLP y organizaciones civiles muestran que la urgencia de garantizar un trabajo digno y seguro sigue siendo una deuda pendiente del Estado.
