San Luis Potosí, SLP.- El Congreso del Estado enfrenta un nuevo episodio de opacidad y descrédito público tras la multa impuesta por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) el pasado 28 de agosto. A pesar de los señalamientos de organizaciones ciudadanas y medios de comunicación que documentaron graves omisiones en la publicación de información, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) optó por emprender una campaña mediática para minimizar las irregularidades en lugar de corregirlas.

La gravedad de la crisis quedó de manifiesto cuando Congreso Calificado anunció por primera vez en su historia que no publicaría los resultados de la Cuarta Evaluación Trimestral del desempeño legislativo. En su comunicado, se señalaron atrasos de hasta cuatro años en las agendas legislativas, actas de comisiones incompletas, la casi nula apertura a iniciativas ciudadanas y una débil presencia digital de los diputados. Para la organización, estas omisiones podrían “aniquilar la vida parlamentaria del Congreso del Estado”.

Lejos de asumir responsabilidades, la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha, intentó restar importancia a los señalamientos: “Ayer estuvimos en Jucopo, yo pregunté ese tema. Y nos dieron un informe donde está subido hasta el 93 por ciento del tema de transparencia. La CEGAIP nos manda ese documento donde ellos ya tienen el 93 por ciento del tema de transparencia y se seguirá subiendo lo que falta. Es un tema importante y yo creo que del 93 por ciento para un 100 por ciento es muchísimo avance”.

En la misma línea, el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Gama, descalificó abiertamente a los colectivos ciudadanos: “Qué lástima y qué pena que estas dos organizaciones sin argumento, sin sustento, hacen declaraciones… no han presentado algún sustento de sus dichos. Es importante invitar a ambas organizaciones a la unidad de transparencia del Congreso para que no nos quedemos con que solamente se dice o venimos y contestamos y no se soluciona nada ni se ve nada de fondo”.

Las respuestas de los legisladores contrastan con las críticas de especialistas y colectivos, quienes advierten que el 93% de “cumplimiento” reportado solo refleja el número de formatos cargados en la plataforma, sin que exista garantía de que la información sea real, completa o útil para la ciudadanía.

El desdén hacia la participación ciudadana también se refleja en los números: durante el último trimestre no se aprobó ninguna iniciativa ciudadana y apenas se dictaminaron cuatro de cada diez propuestas presentadas. La mayoría de las reformas relevantes provienen del Poder Ejecutivo y la Federación, confirmando la subordinación del Congreso y su escasa productividad legislativa.

El atraso en los reportes financieros agrava la percepción de opacidad. Los informes de ingresos y egresos de mayo, junio y julio se publicaron con semanas de retraso, mientras que el correspondiente a agosto sigue sin estar disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia. Aun así, el presidente de la Jucopo, Héctor Serrano Cortés, sostuvo que la calificación global de 93% representa un “cumplimiento cuantitativo importante”.

Frente a ello, Ciudadanos Observando exhibió con pruebas que el Congreso ocultó durante meses los egresos y percepciones del personal. “Con pruebas irrefutables, demostramos que desde mayo ocultaron los egresos y percepciones del personal, y que la información fue subida apenas el 17 de septiembre”, señaló la organización, que advirtió además que la evaluación de la CEGAIP es meramente cuantitativa y permite que archivos vacíos o duplicados sean contabilizados como cumplimiento.

De esta forma, el Legislativo potosino no solo muestra incapacidad para rendir cuentas con transparencia, sino también una clara estrategia de evasión frente a los cuestionamientos ciudadanos, prolongando así la crisis de confianza que lo acompaña desde hace varias legislaturas.