Un informe oficial federal expone varias caras negativas de una institución que debería ser transparente, abierta a la ciudadanía y sensible a las necesidades de las víctimas, y que ahora la coloca como una entidad llena de oscuridad.
Durante el año 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) no solo registró opacidad en el manejo de la información, sino también renuncias de trabajadores, denuncias en contra de servidores públicos y falta de acceso a la justicia.
Al presentar los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJF-E) 2025, señala que existen 79 Agencias del Ministerio Público.
De ellas, 57 son mixta o general; 2 especializadas en homicidio; 2 especializadas en robo; 2 especializadas en delitos patrimoniales o fraudes; una especializada en investigación y combate al delito de secuestro.
Además, 2 en delitos sexuales; 2 en delitos contra las mujeres; una en combate a la corrupción; 2 en violencia familiar; 2 en atención a personas migrantes; una en atención a personas desaparecidas, no localizadas, ausentes oextraviadas; y una en delitos cometidos por adolescentes.
Finalmente, 44 en mecanismos alternativos de solución de controversias; una en delitos electorales; 2 en delitos de narcomenudeo; 2 contra el robo de vehículo; una contra la trata de personas; una en feminicidios; una en abigeato; una en delito de tortura; y una con otra función.
En el papel, pareciera que el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra una gran capacidad institucional para garantizar la procuración de justicia, sin embargo, el mismo reporte matiza tal situación.
EL OTRO LADO DE LA MONEDA
El Censo informa que el año pasado se jubilaron 25 trabajadores, de ellos 12 son hombres y 13 son mujeres, lo que representó una dificultad para la operatividad de la institución. Sumado a ello, 14 empleados renunciaron, 10 hombres y 4 mujeres.
Dentro de los cuestionarios del organismo federal, la Fiscalía no proporcionó información sobre personal de la institución denunciado por la comisión de algún presunto delito en el ejercicio de sus funciones.
Destacó que, junto a los estados de Tlaxcala y Guanajuato, tampoco informó sobre las personas policías ministeriales, investigadoras o judiciales obligadas a presentar evaluaciones en el desempeño.
Por lo cual, no es posible conocer las evaluaciones vigentes no aprobadas, las aprobadas, de desempeño, de competencias básicas y control de confianza, y así saber las condiciones en qué opera la corporación.
El remate concluye que se reportaron 481 quejas y/o denuncias ciudadanas recibidas por la unidad de asuntos internos u homólogo, cuya cifra terminó posicionando al Fiscalía potosina en el sexto lugar nacional.
Aunque esto no lo registró la FGE, a diferencia de otros crímenes de alto impacto donde toda la estructura ministerial se movilizó para resolverlos, en el asesinato de tres mujeres en la localidad de Peñasco suscitado el pasado 27 de julio, es fecha en que no se ha detenido a ninguna persona y la impunidad sigue presente.
