Por Elioht Uriel Hernández Enríquez
La mañana del lunes 20 de octubre la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no olía a café ni a libros abiertos. Olía a rabia. Y es que el aire se volvió denso desde que la noticia corrió como un susurro que nadie quería escuchar, pero todos repitieron: una alumna había sido violentada presuntamente en un espacio ligado a la representación estudiantil.
Los hechos no ocurrieron ese día, fue desde el viernes 17, que a una de las alumnas le cambió la vida.
La noticia no tardó en recorrer aulas, grupos de WhatsApp y redes sociales. En cuestión de horas, el silencio institucional que estuvo enterado desde el inicio fue sustituido por el murmullo colectivo: incredulidad, enojo, miedo.
Y entonces, entre los alumnos algo se rompió. No fue un vidrio, ni una banca, fue la confianza, esa que ya estaba resquebrajada. Los pasillos, antes llenos de pasos apresurados, comenzaron a llenarse de carteles: “Justicia”, “Nos queremos vivas”, “No fue tu culpa”. Cada letra parecía escrita con el pulso tembloroso de quien ya no está dispuesto a tolerar el silencio.
Las puertas se cerraron, pero no como acto de encierro, sino de resistencia. La facultad fue tomada. No como un acto de destrucción, sino como una forma de decir: aquí pasó algo y aquí se va a enfrentar-
Cayó la noche y la Facultad de Derecho no dormía. Había velas, había guardias, había conversaciones que se estiraban hasta el cansancio. Y en medio de todo, algo permanecía claro: ya no eran los mismos. Porque una vez que se nombra la violencia, una vez que se rompe el silencio, una vez que se jura no callar… no hay regreso posible.
Y es que el movimiento no solo denunciaba el hecho, sino también lo que consideraban una cadena de omisiones.
En medio del paro, surgió un elemento clave: la organización estudiantil. En asambleas abiertas, las y los alumnos discutieron qué hacer. De ahí emergió un acto simbólico y político: la toma de protesta de representantes estudiantiles, elegidos desde la base para encabezar el movimiento.
No hubo formalidades institucionales. Fue un juramento distinto: defender a la víctima, exigir justicia y no levantar el paro sin respuestas claras.
Ese momento marcó un antes y un después. La protesta dejó de ser reacción y se convirtió en estructura.
El martes 21 de octubre la capital potosina despertó distinta, y es que desde Zona Universitaria se cocinaba la extensión de las protestas, ya que el apoyo se regó como pólvora en cada campus, por lo que decidieron tomar cada espacio posible para ser escuchados, y entonces ocurrió, cientos de jóvenes paralizaron Salvador Nava en segundos, apoyados incluso por el claxon de algunos automovilistas que gritaban palabras de apoyo: estamos orgullosos de que no callen más las injusticias, se escuchó desde una de las unidades. Las tomas de calles se extendían a puntos como Avenida Carranza, la glorieta del Parque de Morales, la calle de Niño Artillero, Cuauhtémoc e intermitentemente la lateral de la Carretera 57 frente al campus Oriente.
Entre las demandas pedían la destitución de autoridades vinculadas al caso, garantías de no represalia, protocolos efectivos contra la violencia de género, transparencia en la investigación, entre otros.
Para miércoles 22 de octubre seguían tomadas las facultades y las autoridades universitarias terminaron por aceptar el documento en su totalidad y abrir diálogo. Pero para muchos estudiantes, eso no era suficiente.
La presión tuvo efectos rápidos y es que ese mismo día renunció el director de la Facultad de Derecho, fueron expulsados alumnos implicados, se removieron funcionarios relacionados con la atención del caso.
Paralelamente, la Fiscalía actuó. Uno de los presuntos responsables fue detenido, y otros fueron identificados, ya que el 29 de octubre cayó el segundo implicado, menor de edad, resaltaron las autoridades. El tercer implicado que no formaba parte de la comunidad universitaria seguía sin ser localizado.
El movimiento no se disolvió, durante días, la universidad vivió en paro total. Aulas vacías, actividades suspendidas y un campus tomado por pancartas, junto a una pregunta que permanecía incómoda: ¿pueden las universidades garantizar espacios seguros?
La toma de protesta de aquellos estudiantes —hecha entre consignas y carteles— no fue un acto protocolario. Fue una declaración generacional. Una que dejó claro que, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la comunidad estudiantil ya no está dispuesta a callar.
