22 julio, 2026

Fiscalía General pide más presupuesto mientras persisten pendientes en desapariciones

14 noviembre, 2025

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San Luis Potosí, SLP.- La fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, acudió el 14 de noviembre al Congreso del Estado para entregar su informe anual de actividades, documento que resume las acciones realizadas por la institución durante parte del año pasado y lo que va del presente. Tras la recepción del informe, el Poder Legislativo dispone de un periodo de 30 días para convocarla a comparecer y solicitar aclaraciones, lo que representaría su segunda comparecencia desde que asumió el cargo.

Al término del acto, la fiscal explicó que el informe concentra el trabajo desarrollado por cada una de las áreas, aunque no precisó cuántas carpetas alcanzaron la etapa de judicialización ni los resultados obtenidos.

“Todas las unidades y las fiscalías especializadas han estado trabajando en judicializar carpetas”

Entre los desafíos señalados, García Cázares destacó la transición de la Unidad de Personas Desaparecidas hacia una Fiscalía Especializada, obligación establecida por la legislación en la materia. Apuntó que se trata de un proceso complejo que requiere cumplir condiciones operativas y estructurales que no dependen únicamente de la institución.

“Viene la importancia de la creación de pasar de la unidad de desaparecidos a una fiscalía especializada en desaparecidos, lo cual representa todo un reto”

En materia presupuestal, la fiscal confirmó que solicitaron una ampliación específica para poner en marcha esta nueva fiscalía, recurso que consideran indispensable para la contratación de personal, adquisición de materiales y tareas de prospección. “Estamos considerando un monto mínimo de 5 millones para iniciar”

García Cázares reconoció que aún existen pendientes dentro de la institución, principalmente en el incremento del número de judicializaciones, aunque evitó dar cifras sobre cuántas carpetas requieren avanzar o si existe un rezago relevante. “Tenemos muchos retos… sobre todo incrementar el número de judicializaciones”

Por último, señaló que la revisión del informe queda en manos del Congreso, encargado de determinar la fecha de su eventual comparecencia. Añadió que la documentación presentada contiene las actividades más relevantes del periodo evaluado, sin profundizar en cuáles considera prioritarias o requieren mayor atención.