San Luis Potosí, SLP.-La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, respaldó la postura del gobernador Ricardo Gallardo Cardona respecto a la posible remoción de los concejales de Villa de Pozos, luego de que se difundiera que avalaron un aguinaldo de 200 mil pesos para uso personal.
La legisladora calificó la medida como improcedente y contraria a las responsabilidades que las autoridades locales tienen con la ciudadanía.
Rocha Medina adelantó que presentará un punto de acuerdo para que el Congreso intervenga y analice el proceder del Cabildo del municipio de reciente creación, al considerar que la decisión carece de justificación.
“Pues yo creo que es lo más correcto, (…) no es conveniente, no es justo y no se vale. Quienes están hoy gobernando Pozos tienen la gran responsabilidad de trabajar por la ciudadanía, no para darse bonos navideños”, afirmó.
La controversia escaló luego de que el gobernador Gallardo Cardona calificara el acto como un abuso en detrimento de la población, señalando incluso que se pretendía cobrar por cada votación realizada en el Cabildo.
“Que están tratando de pedir por estar cobrando por cada votación, es una mentada de madre… Ni lo vamos a permitir que suceda en San Luis Potosí, mucho menos en un municipio que va tan fuerte”, declaró el mandatario.
Ante la posibilidad de que el Poder Legislativo intervenga en las decisiones internas de los ayuntamientos, Rocha Medina sostuvo que el Congreso sí está facultado para emitir lineamientos o exhortos que eviten decisiones discrecionales relacionadas con compensaciones económicas.
La diputada subrayó que, dado que Villa de Pozos es un municipio de reciente creación, sus concejales deben actuar con mayor prudencia y sensibilidad social.
“Subiré un punto de acuerdo para exhortar no nada más al Cabildo, también a la presidenta concejal, para que tomen cartas en el asunto… No estoy de acuerdo con que se hagan ese tipo de recursos o apoyos. No es justo para nadie, sobre todo para la población de Pozos”, concluyó.
La discusión continuará en el Congreso, donde se evaluará la pertinencia de intervenir formalmente en el caso.
