San Luis Potosí, SLP.- Sandra Campuzano, madre de Adriana Campuzano —una de las cinco víctimas del feminicida de Tamuín, Filiberto N— regresó a los juzgados para exigir que el expediente de su hija, desaparecida y asesinada en 2011, finalmente avance. Denunció que por años no ha recibido información puntual del Ministerio Público ni de los abogados estatales, y que desde 2021 su carpeta prácticamente quedó inmovilizada a causa de un amparo del que, asegura, nadie le informó. Debido a esta falta de comunicación, ha tenido que desplazarse desde Guanajuato para enterarse personalmente del estado de su caso.
La madre recordó que la indiferencia oficial no es nueva. Desde que inició la búsqueda de Adriana, cuando la menor tenía solo 13 años, enfrentó trabas y desdén institucional, además de burlas de algunos funcionarios locales. Esa ausencia de acompañamiento la llevó a apoyarse en habitantes de Tamuín y en periodistas para continuar con la búsqueda. Aunque su hija fue localizada sin vida tiempo después, la justicia continúa pendiente: más de una década después, el acusado sigue sin sentencia y permanece recluido en un penal federal de Durango.
Campuzano explicó que Filiberto N confesó en su momento los asesinatos y guió a peritos a los lugares donde se hallaron otras víctimas. No obstante, esa admisión no se ha traducido en una resolución judicial. Añadió que los casos más antiguos, como el de Adriana y el de Rosita —la primera víctima identificada— fueron procesados inicialmente como homicidio y no como feminicidio, debido al marco legal vigente en ese entonces, lo que ha complicado aún más el trámite procesal.
Durante su visita reciente, se enteró de que su carpeta fue enviada a un nuevo juzgado hace apenas dos meses, y que una jueza revisa por primera vez el historial completo. Campuzano afirmó que nunca fue notificada de este traslado ni de la reorganización de expedientes, y cuestionó la falta de acompañamiento de la Ceeav y de los representantes legales asignados. Incluso señaló que los abogados de atención a víctimas le pidieron firmar documentos apenas horas antes, a pesar de que lleva años solicitando asesoría adecuada.
Uno de los temores principales de las familias —expuso Campuzano— es que el acusado pueda recuperar su libertad debido a la ausencia de sentencias, a la cadena de amparos promovidos por la defensa y a la constante rotación de jueces y fiscales responsables del caso. Recordó que cada cambio institucional reinicia trámites y deja los expedientes estancados durante largos periodos. “Siempre me dicen que confíe, y siempre pasa lo mismo”, expresó.
En paralelo, la jueza de ejecución de penas, Rosa Elena Blanco Ríos, explicó que el proceso judicial contra Filiberto N sigue pendiente de varias impugnaciones. Señaló que no se han emitido sentencias porque aún deben resolverse apelaciones y amparos interpuestos por la defensa, y que adelantar resoluciones sin atender esos recursos violaría el debido proceso. Indicó además que las notificaciones deben enviarse mediante exhortos al penal federal de Durango, lo que puede tardar entre tres y cuatro meses en completarse.
La jueza detalló que en el expediente de Adriana existen dos amparos y una apelación sin resolver, y que en otras causas relacionadas permanecen pendientes recursos similares. Aunque reconoció que el juzgado tiene una carga de trabajo superior a los 400 asuntos penales, aseguró que buscarán agilizar los procesos en cuanto los tribunales superiores emitan sus resoluciones.
También afirmó que no existe posibilidad de liberación para el imputado, quien permanece sujeto a proceso bajo autos de formal prisión en cada una de las causas. Agregó que, cuando se supere la etapa de impugnaciones, las sentencias se dictarán por separado para cada víctima, con penas que podrían extenderse por varias décadas dependiendo de la tipificación final.
Blanco Ríos admitió que algunos expedientes no han avanzado por falta de impulso procesal tanto de autoridades como de representantes legales, pero aseguró que revisarán cada caso para actuar de oficio cuando sea necesario. Recalcó que no se trata del único caso de alto impacto que atienden y que el personal es limitado, aunque dijo que harán esfuerzos adicionales para brindar certeza jurídica a las familias después de más de once años.
En tanto, mujeres como Sandra Campuzano continúan acudiendo por su cuenta a los juzgados en busca de información y justicia. Las familias reiteran que mantendrán la presión para que las instituciones cumplan con sus obligaciones y para que, tras más de una década de omisiones y demoras, las víctimas finalmente obtengan un proceso digno y una resolución que reconozca la gravedad de los hechos.
