San Luis Potosí, SLP.- La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado anunció que permitirá el regreso a las aulas de 30 docentes que anteriormente fueron separados de sus funciones por denuncias clasificadas como infundadas, luego de la aprobación de una reforma en el Congreso local que autoriza a los maestros continuar frente a grupo mientras avanzan los procesos administrativos relacionados con quejas escolares, informó el titular Juan Carlos Torres Cedillo.
La modificación pretende corregir una práctica que afectaba principalmente a zonas como el Altiplano, donde la remoción inmediata de docentes por señalamientos preliminares dejaba a diversos planteles sin personal, aun cuando las acusaciones no culminaban en responsabilidades comprobadas.
El funcionario detalló que, bajo la normativa previa, bastaba que un maestro fuera señalado ante instancias como Derechos Humanos para que fuera retirado de su cargo, suspendido de sueldo y obligado a dejar de impartir clases mientras comenzaban las investigaciones, lo que ocasionó que varios grupos permanecieran semanas sin atención educativa.
Con la reforma que será publicada en el Periódico Oficial del Estado esta misma semana, los trabajadores señalados por faltas menores o interpretaciones equivocadas podrán continuar en sus funciones mientras se revisan los expedientes. Entre las situaciones más frecuentes se encuentran malentendidos en actividades escolares, comentarios sin intención de ofender o incidentes sin relación con conductas graves.
Las excepciones a esta nueva medida se mantendrán en casos que involucren acoso u hostigamiento sexual, abuso sexual o faltas de alta gravedad, donde la separación inmediata del docente seguirá siendo obligatoria.
En marzo de 2020, un hecho ocurrido en el Cobach 25, en la capital potosina, evidenció la vulnerabilidad del personal docente ante las denuncias. Durante la actividad conocida como “el mural de la vergüenza”, cerca de 100 alumnos exhibieron nombres de maestros presuntamente involucrados en hostigamiento sexual. Uno de ellos, Aurelio N., quien enfrentaba tres procesos formales, terminó quitándose la vida, lo que abrió una discusión pública sobre los mecanismos de denuncia, la protección a las víctimas y la situación de los trabajadores mientras se desarrollan investigaciones.
