San Luis Potosí, SLP.- Un juez federal otorgó una suspensión provisional que frena cualquier nombramiento en la Dirección de la Facultad de Derecho de la UASLP, luego de que un grupo de académicos —la Dra. María Suhey Tristán Rodríguez, Dra. Elia Edith Argüelles Barrientos, Dra. Xochithl Rangel Romero, Dra. Violeta Mendezcarlo Silva, Mtro. José Édgar Durón Puente, Dr. Salvador Hernández Peña y Mtro. Pedro Vladimir Ibáñez García— promoviera un juicio de amparo en el que señalan haber sido excluidos del proceso de selección. La medida, derivada del incidente 1848/2025-VII, impide avanzar con cualquier designación hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
El fallo judicial establece que la suspensión se concede respecto de la exclusión de la parte quejosa del procedimiento para elegir a la Dirección de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, asentado en el acta de sesión extraordinaria del 17 de noviembre de 2025. Con ello, el juez instruye expresamente que no se nombre Director o Directora hasta que se notifique la resolución correspondiente. La determinación surte efecto inmediato y no requiere garantía por parte de los promoventes.
La medida cobra relevancia en el contexto de la reiteración de la terna enviada al Consejo Directivo Universitario, integrada por Luz María Lastras Martínez, Georgina González Cázares y Jesús Javier Delgado Sam. Esta misma lista, remitida inicialmente el 20 de noviembre, había sido rechazada por el propio órgano colegiado, lo que derivó en inconformidades y cuestionamientos dentro de la comunidad académica.
El conflicto que detonó el amparo incluye señalamientos sobre la forma en que se integró la terna. En la primera sesión, consejeros y grupos estudiantiles denunciaron posibles irregularidades, entre ellas la participación simultánea de aspirantes en órganos evaluadores. Estas situaciones llevaron a suspender la votación y a regresar los expedientes al Consejo Técnico para una nueva revisión, lo que profundizó el descontento entre distintos sectores.
A ello se suma la controversia que generó un oficio de respaldo entregado al Consejo Directivo, el cual contenía firmas duplicadas y presuntas anomalías, incrementando la polarización al interior del plantel y sembrando dudas sobre la legitimidad del proceso de selección. Estos factores forman parte del contexto que ahora queda detenido por la decisión judicial.
Los promoventes sostienen que su exclusión vulnera derechos académicos vinculados a la participación en procesos internos, por lo que recurrieron al amparo para salvaguardar sus prerrogativas hasta que se analice el fondo del asunto. Por su parte, autoridades universitarias argumentan que la terna fue integrada por el Consejo Técnico conforme a los requisitos establecidos, aunque la disputa permanece abierta mientras se define la suspensión definitiva.
Con la suspensión provisional en marcha, la UASLP no podrá realizar el nombramiento en la Facultad de Derecho, prolongando un escenario de incertidumbre institucional en medio de denuncias internas y exigencias de mayor transparencia. La próxima resolución determinará si el proceso continúa detenido o si la Universidad podrá reactivar la ruta para someter la terna a votación.
