Durante años, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) ha sido sinónimo de lentitud, rezago y quejas constantes. Con Alejandro Polanco al frente, el organismo tocó fondo y dejó una herencia pesada: expedientes empolvados, desorden administrativo y una credibilidad seriamente dañada. Sin embargo, lo que parecía insuperable terminó siendo solo el preámbulo.
Hoy, bajo la presidencia de Ricardo López Leyva, el problema ya no es únicamente la ineficiencia heredada, sino algo más grave: el desacato abierto a la justicia federal y la normalización del incumplimiento como forma de operación.
A diferencia del pasado reciente, ahora el TECA no solo avanza lento: simplemente no avanza.
La instrucción interna es clara: ningún expediente se mueve si no existe una resolución de amparo que obligue al tribunal a actuar. Y aun así, el cumplimiento llega solo cuando la amenaza de destitución o inhabilitación es inminente.
López Leyva ha optado por una estrategia tan cómoda como peligrosa: pagar multas antes que impartir justicia. Mientras los conflictos laborales se eternizan, el presidente del tribunal permite que el costo del desacato se convierta en una rutina administrativa más.
El cinismo quedó documentado en el expediente 1475/2025, del Juzgado Cuarto de Distrito, donde fue multado por incumplir una sentencia.
Su respuesta ante la autoridad federal fue inadmisible: deslindarse de toda responsabilidad y culpar a sus subalternos. Incluso, ha trascendido que las multas se cubren con descuentos al salario de los propios trabajadores del TECA, práctica que la autoridad federal rechazó de manera tajante.
Las consecuencias no tardaron. El Servicio de Administración Tributaria ya tiene bajo la lupa a López Leyva, quien acumula sanciones y requerimientos como ningún otro presidente del tribunal en su historia.
El resultado es un TECA colapsado, saturado de amparos promovidos por su propia inactividad. Un tribunal ahogado en papel, paralizado y convertido en ejemplo de lo que ocurre cuando la ley se administra sin voluntad ni conocimiento.
Con al menos 34 sentencias firmes
incumplidas, Ricardo López Leyva no solo ha igualado los peores vicios del pasado, sino que ha logrado algo que parecía imposible: superar la gestión de Alejandro Polanco en ineficacia y descrédito.
Hoy, la pregunta es inevitable: ¿cuánto más debe deteriorarse el tribunal para que el Congreso del Estado actúe? El Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos la posibilidad de sentar un precedente histórico con la separación del cargo. Porque cuando la justicia se detiene —y retrocede—, lo que queda no es orden, sino impunidad.
