San Luis Potosí, SLP.- El diputado Rubén Guajardo Barrera dio a conocer la iniciativa de Ley de Justicia Cívica para el Estado, la cual busca establecer un mecanismo alternativo para la solución de conflictos cotidianos, con el fin de evitar que situaciones menores deriven en procesos penales extensos y costosos, al considerar que “evita que problemas pequeños se conviertan en conflictos grandes y sobre todo en problemas que sean interminables”.
En rueda de prensa, el legislador explicó que la propuesta plantea un cambio de enfoque, al pasar de un modelo predominantemente punitivo a uno basado en el diálogo, la conciliación y la reparación del daño como vías prioritarias para la atención de conflictos.
“La justicia cívica fortalece la convivencia, reduce la incidencia y construye comunidades más pacíficas desde lo cotidiano”.
Indicó que este modelo ya se encuentra implementado en otros estados del país mediante leyes estatales que permiten su aplicación en los municipios, lo que ha generado resultados positivos en la atención de conflictos diarios.
Como ejemplo, el diputado expuso el caso de un percance vial menor, en el que actualmente se recurre de manera inmediata a la vía penal. “Un choque. Lo primero que se busca cuando hay algún choque es, si alguien no se hace responsable, es presentar la denuncia ante la instancia el día de hoy que es la Fiscalía General del Estado. Y bueno, algo que podría llevarse primero por una conciliación y con un juez cívico (…) pues la Fiscalía tiene que iniciar una investigación y al final llevar a cabo el procedimiento y inclusive terminar en un juicio penal”.
Ante ello, la iniciativa plantea que este tipo de situaciones puedan resolverse por la vía administrativa, a través de un juez cívico, sin necesidad de llegar a instancias penales.
El legislador precisó que se trata de una ley de alcance estatal, aplicable tanto al Gobierno del Estado como a los ayuntamientos, aunque reconoció que su implementación implicará un impacto presupuestal para los municipios.
Respecto a la estructura necesaria para su funcionamiento, aclaró que actualmente no existen jueces cívicos en la entidad y que estos no dependerán del Poder Judicial, ya que “debe haber una capacitación y una formación y los jueces cívicos dependerán directamente del ayuntamiento”.
Explicó que el modelo permitirá a los municipios aplicar sanciones administrativas y, de manera prioritaria, promover la conciliación entre las partes, con el objetivo de resolver los conflictos de forma más ágil y evitar que escalen a procesos penales.
Sobre la posibilidad de realizar una consulta ciudadana, el diputado indicó que este punto será analizado en comisiones, tomando como referencia otros ordenamientos recientes, como la ley de juntas de participación ciudadana, por lo que se revisará a detalle si este mecanismo resulta necesario.
Finalmente, señaló que la entrada en vigor de la Ley de Justicia Cívica podría darse hasta 2027, debido a que los ayuntamientos deberán evaluar previamente su impacto presupuestal y su capacidad operativa para su correcta implementación.
