21 julio, 2026

CEGAIP admite que sanciones por opacidad no generan presión real; hasta 20 sujetos obligados incumplen sin consecuencias

25 marzo, 2026

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San Luis Potosí, SLP.- La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) admitió que el modelo vigente de sanciones por incumplimiento en materia de transparencia no está generando un efecto disuasivo real entre los sujetos obligados, lo que ha derivado en que cerca de 20 entes mantengan niveles nulos de cumplimiento sin enfrentar consecuencias proporcionales.

 

José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente de la CEGAIP, señaló que, si bien existen medidas como amonestaciones y multas que pueden alcanzar aproximadamente 175 mil pesos, estas resultan insuficientes frente a prácticas reiteradas de opacidad, debido a que la legislación actual solo contempla sanciones administrativas que no escalan a mecanismos más estrictos que modifiquen de fondo la conducta de los entes.

 

Indicó que, ante esta situación, se encuentran en análisis diversas propuestas para fortalecer el régimen sancionatorio, incluyendo la posibilidad de inhabilitar a servidores públicos o vincular el cumplimiento en transparencia con otros procesos administrativos, como ocurre a nivel federal, donde el incumplimiento puede impactar en registros de partidos políticos o en la toma de nota de sindicatos, lo que evidencia la falta de herramientas equivalentes en el ámbito local.

 

Advirtió que el problema no se limita a la falta de capacidad técnica, sino que también responde a la resistencia de algunos sujetos obligados que, pese a contar con recursos y estructura, incumplen sus obligaciones; mientras que en otros casos influyen limitaciones operativas, como la ausencia de personal especializado, particularmente en organismos operadores de agua y sindicatos, donde incluso hay unidades sin perfiles capacitados.

 

Navarro Alviso agregó que otra alternativa planteada es vincular el cumplimiento con la asignación o ejercicio de recursos públicos, aunque reconoció que esta medida implicaría retos legales relacionados con la autonomía municipal y posibles controversias constitucionales. No obstante, sostuvo que sin sanciones más severas y aplicables, la rendición de cuentas seguirá dependiendo más de la voluntad que de una obligación efectiva.