San Luis Potosí, S.L.P.- Integrantes de los pueblos Náhuatl y Tének de la Huasteca Potosina, agrupados en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, manifestaron su inconformidad con la propuesta de reforma al artículo 2° constitucional presentada por el despacho jurídico de la Presidencia de la República, al considerar que deja fuera aspectos fundamentales como los derechos territoriales y político-electorales necesarios para ejercer plenamente su autonomía y autogobierno.
A través de un pronunciamiento dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y difundido a los medios de comunicación, los representantes indígenas señalaron que el proyecto mantiene un reconocimiento limitado de sus derechos y solicitaron una audiencia directa con la mandataria para plantear diversas demandas, entre ellas la prohibición definitiva de la fracturación hidráulica (fracking).
“Quienes viven del gobierno celebran esto como un gran logro, pero en el fondo la reforma fue recortada y condicionada, dándonos un reconocimiento incompleto y limitado. A nivel federal tenemos hoy la personalidad que en San Luis Potosí ya teníamos desde 2003, pero usted debe saber que las instituciones nos siguen tratando como objetos de ayuda pública y no como sujetos con derechos”, denunciaron.
En el documento también recordaron que, durante su campaña presidencial en Zacatecas, Sheinbaum Pardo se comprometió a prohibir la minería a cielo abierto y el fracking, compromiso que, señalaron, aún no se ha materializado.
“Vimos que ese era el camino correcto. Sin embargo, los diputados y senadores han hecho oídos sordos a este reclamo urgente para la vida y han congelado las iniciativas, tanto la que envió el anterior presidente como las de otros actores políticos”.
Asimismo, expresaron su preocupación por los recientes planteamientos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos en distintas regiones del país.
“Hoy, faltando a su propio compromiso, usted ha hablado de explorar y extraer petróleo y gas en diversas regiones, incluyendo en sus planes a nuestros pueblos y comunidades. Con la bandera de la soberanía energética se pretende sacrificarnos. Usted, como mujer de ciencia, sabe bien que no hay nada sustentable en la exploración y explotación petrolera, y que ni la tecnología más moderna hace que esta actividad sea segura para el medio ambiente o para la economía”, puntualizaron.
Los representantes indígenas advirtieron que la región Huasteca enfrenta condiciones de vulnerabilidad hídrica y que cualquier proyecto extractivo pondría en riesgo a las comunidades que habitan el territorio.
“Usted sabe muy bien que la región Huasteca —que abarca más de 80 municipios entre San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas— es un territorio vivo donde habitamos cerca de un millón de personas de los pueblos Náhuatl, Tének, Otomí, Tepehua, Totonaco yT Xi’iuy. Nuestro territorio no son tierras vacías ni sin dueño”.
Además, cuestionaron la integración del comité de expertos que asesora a la Presidencia en estos temas.
“El comité de expertos de la presidencia no vive en nuestra tierra; vive en otros entornos y depende de empresas petroleras o de una academia acomodada al poder. Cualquier informe de ese grupo carece de autoridad moral y científica, pues está marcado por intereses ajenos a la vida de las comunidades indígenas. Le exigimos congruencia con la palabra empeñada. Le pedimos prudencia, porque la llamada “utilidad pública” no puede estar por encima de nuestros derechos humanos e históricos”.
Respecto al proceso de consulta para la elaboración de la ley reglamentaria del artículo 2° constitucional, aseguraron que no se ha garantizado una participación efectiva de las comunidades indígenas.
“La consulta para definir la ley reglamentaria del artículo 2.º es solo una farsa: no se informa, se simula, no se consensua, se dictan procedimientos, no se garantiza el derecho a la participación real, pues se imponen sedes y formas ignorando a la Asamblea General Comunitaria, que es nuestra máxima autoridad. El texto presentado no es una iniciativa, es un texto borrador de lo que más adelante podría ser una iniciativa. Esta simulación no es para proteger nuestros derechos, sino una estrategia diseñada para engañarnos y acotar nuestros derechos”.
Entre sus principales exigencias, solicitaron la emisión de un decreto que prohíba de manera definitiva el fracking y la minería a cielo abierto en la Huasteca y en todo el país; la cancelación de cualquier proyecto de exploración y extracción de hidrocarburos o megaproyectos energéticos que afecten sus territorios; el respeto pleno a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, así como la suspensión del actual proceso de consulta para abrir un diálogo directo con las Asambleas Generales Comunitarias.
Finalmente, pidieron una audiencia formal con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exponer personalmente sus planteamientos y recibir una respuesta institucional, con fundamento en los derechos de audiencia y de petición previstos en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
