San Luis Potosí, SLP.- Alrededor de 30 ejidatarios de Escalerillas se manifestaron frente al Congreso del Estado para exigir que el Tribunal Superior Agrario (TSA) desista de reconocer un núcleo comunal dentro de esta comunidad, al considerar que la determinación pondría en riesgo las tierras que actualmente pertenecen al ejido.
La protesta también estuvo marcada por fuertes cuestionamientos contra la diputada Aranzazu Puente Bustindui, del PVEM, representante del Octavo Distrito local, al que pertenece Escalerillas. Los ejidatarios reprocharon que, pese a representar electoralmente a la zona, no haya acompañado sus reclamos ni intervenido en defensa de sus derechos agrarios.
“Sabemos que hay diputados a los que les corresponde de algunos sectores y algunos distritos desafortunadamente en nuestro distrito, jamás hemos visto a nuestro Dip. local”, reprochó José Ramón Moreno Valero, presidente del Comisariado Ejidal.
“Quién nos va a ayudar a defender nuestras tierras con la ley y con los documentos en la mano les corresponde apoyarnos y ser parte de este estado de este nuevo legado que se escribe”, sostuvo.
La inconformidad surgió a raíz de la decisión del TSA de atraer los expedientes 163/2022 y 715/2021, en los que se analiza la existencia de una comunidad agraria en Escalerillas. Moreno Valero informó que el acuerdo fue tomado el pasado 1 de julio, con cuatro votos a favor y uno en contra, correspondiente al de la presidenta del tribunal, mientras que el proyecto quedó a cargo del magistrado ponente Alberto Pérez Gasca.
Los ejidatarios sostienen que el reconocimiento de un segundo núcleo agrario contravendría la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) el 24 de agosto de 2020, cuando determinó que en Escalerillas existe únicamente el ejido, con una superficie de 5 mil 815 hectáreas.
Según los datos proporcionados por Moreno Valero, estas tierras corresponden a 302 ejidatarios, además de mil 700 avecindados y alrededor de 250 posesionarios, por lo que advirtió que cualquier modificación a la situación agraria podría afectar a un número importante de habitantes.
Durante la protesta, el presidente del Comisariado Ejidal también señaló a integrantes del grupo contrario, encabezados por María Dolores Bravo, por presuntas operaciones con empresas desarrolladoras. Afirmó que existen contratos por hasta 124 millones de pesos y otros superiores a los 60 millones.
Ante el avance del procedimiento ante el TSA, Moreno Valero dejó claro que los ejidatarios no tienen previsto abandonar la defensa de sus tierras y lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias de que el conflicto continúe sin atención.
“Vamos a seguir peleando y vamos a seguir en la lucha si quieren escúchennos si no aténganse a las consecuencias y no se arrepientan después de qué no venimos a avisar y de qué no sabían de qué desconocía en el tema”, advirtió.
Finalmente, el dirigente ejidal elevó el tono de la protesta al señalar que los hechos registrados frente al Congreso representan apenas el inicio de una disputa que, desde su perspectiva, podría escalar.
“Como dicen nuestros compañeros, hoy no comienza una manifestación hoy comienza la guerra”, sentenció.
