San Luis Potosí, SLP.- Dos madres de familia acudieron este jueves frente al Poder Judicial de San Luis Potosí para denunciar las dificultades que, aseguran, han enfrentado en procesos relacionados con la convivencia y custodia de sus hijos, entre ellas el incumplimiento de resoluciones judiciales, cambios de juzgado y presuntas irregularidades en sus expedientes.
Marlene Múzquiz Flores expuso que suma 86 días sin poder ver a su bebé, quien, según su testimonio, fue sustraído por su padre el pasado 1 de julio, cuando tenía siete meses y 21 días de edad. Explicó que ese día acudió con el menor al Tecnológico de Monterrey para impartir clases y que su expareja se llevó al niño sin comunicarle su destino.
Ante esta situación, dijo, presentó ese mismo día una denuncia por sustracción y posteriormente comenzó un procedimiento de guarda y custodia. Señaló que existe una resolución que ordena la restitución del menor, pero afirmó que el padre no la ha acatado y tampoco se ha presentado a las convivencias establecidas por la autoridad.
Múzquiz Flores también señaló presuntas irregularidades en el desarrollo del procedimiento. Relató que recibió amenazas de la abogada de su expareja y afirmó que Natalia Castillo y otra mujer, a quien identificó como Xóchitl, acudieron a un juzgado para gritar y amedrentar a funcionarias, situación que, de acuerdo con su versión, derivó en que la primera jueza que tuvo conocimiento del expediente se excusara.
El asunto posteriormente fue turnado al Juzgado Quinto y después al Primero. La madre aseguró que actualmente existen inconsistencias en el expediente y que ha encontrado que éste no se encuentra completo. Agregó que también fue desalojada de la vivienda en la que residía junto con su hijo.
Por separado, Adriana Luna Martínez denunció el caso de su hijo Emiliano, quien, afirmó, fue sustraído el pasado 4 de julio. Señaló que actualmente únicamente puede convivir con él durante una hora en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam).
Luna Martínez relató que en 2023 fue declarada en rebeldía dentro de un procedimiento que, según aseguró, comenzó con un emplazamiento del que nunca tuvo conocimiento. Posteriormente, indicó, el padre obtuvo una sentencia definitiva en materia de custodia. Ante ello, cuestionó que las determinaciones judiciales tengan como consecuencia limitar la convivencia de los menores con sus madres y solicitó que su hijo pueda regresar a casa.
La abogada y activista Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, integrante de la asociación Shakti, señaló que las situaciones expuestas también se presentan en otros procedimientos de materia familiar, particularmente en asuntos relacionados con convivencias y pensiones.
A su vez, abogados postulantes señalaron que existen acuerdos judiciales que pueden tardar entre uno y dos meses, mientras que niñas, niños y adolescentes pueden permanecer hasta tres o cuatro meses a la espera de que se regularicen convivencias o se determinen cuestiones relacionadas con alimentos.
La abogada Alejandra Rivera atribuyó parte de este rezago a la falta de personal en los juzgados y propuso fortalecer los órganos especializados en materia familiar o valorar la apertura de otro juzgado. También planteó incorporar especialistas en psicología para atender los procesos de revinculación familiar.
