Óscar Ricardo López Leyva habría omitido el laudo dictado en cumplimiento de una sentencia de amparo. La defensa del docente anunció que presentará una denuncia penal.
San Luis Potosí, S.L.P.— Una nueva controversia sacude al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), luego de que su presidente, Óscar Ricardo López Leyva, resolviera el pasado 8 de septiembre de 2026 el incidente de liquidación correspondiente al expediente 32/2021/E4 y determinara que un profesor de Telebachillerato Comunitario no recibiría pago alguno.
La resolución se habría sustentado en un laudo emitido en mayo de 2023, al que se le otorgó el carácter de “cosa juzgada”. Sin embargo, de acuerdo con la defensa del docente, dicho laudo ya había sido dejado sin efectos por un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, tras concederse el amparo directo 1019/2024.
EL LAUDO QUE YA NO DEBERÍA TENER EFECTOS
En cumplimiento de la sentencia federal, en abril de 2024 se emitió un nuevo laudo, el cual, según la defensa, quedó firme y es el que reconoce los derechos del profesor, incluida su basificación y el pago de diferencias salariales.
El punto que ahora genera controversia es que, de acuerdo con los abogados del docente, la resolución emitida por López Leyva no habría considerado dicho laudo de abril de 2024 y, en cambio, tomó como referencia el documento de 2023, que previamente había sido dejado sin efectos.
La defensa cuestiona cómo pudo sustentarse la determinación en una resolución que ya había sido sustituida como consecuencia de una sentencia de amparo.
¿OMISIÓN O DESACATO?
El caso abre una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando una autoridad laboral toma como base una resolución que, según la defensa, ya fue anulada por una instancia federal?
La representación legal del maestro sostiene que la actuación del presidente del TECA podría constituir un incumplimiento de la resolución federal y anunció que acudirá ante las autoridades correspondientes para que se determine si existe alguna responsabilidad.
La defensa también informó que presentará una denuncia penal por los posibles delitos que considere configurados y que hará valer ante la autoridad federal el presunto incumplimiento de la sentencia de amparo.
Corresponderá ahora a las autoridades competentes determinar si existió una irregularidad, una interpretación jurídica distinta o alguna responsabilidad derivada de la resolución.
GANÓ EN TRIBUNALES, PERO SIGUE SIN COBRAR
Después de años de litigio, el docente obtuvo una sentencia de amparo y posteriormente un nuevo laudo emitido en cumplimiento de esa resolución. Sin embargo, la controversia sobre su ejecución permanece abierta.
Para la defensa, resulta particularmente grave que el tribunal encargado de ejecutar el laudo haya sustentado su determinación en una resolución que, aseguran, ya no se encontraba vigente.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del TECA y, sobre todo, la obligación de las autoridades laborales de acatar las resoluciones emitidas por los tribunales federales.
Ahora será la vía legal la que determine si se trató de un error, una interpretación jurídica o una actuación susceptible de responsabilidad. Mientras tanto, el maestro continúa esperando que se cumpla aquello que, según su defensa, ya fue reconocido en tribunales.
