San Luis Potosí, SLP.- La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación por una denuncia de presunto maltrato animal contra un circo que se instaló en el municipio de Cerritos, caso que podría ser llevado ante un juez una vez que se integren los elementos correspondientes, informó la fiscal general del estado.
La titular de la institución confirmó que el Ministerio Público recibió la querella y que ya se realizan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
“Sí, recibimos la denuncia. Ya se está trabajando sobre ella para la investigación correspondiente y para integrarla y judicializarla”, declaró.
Precisó que el seguimiento del caso está a cargo de la delegación de la Fiscalía en Rioverde, desde donde recibe reportes sobre el desarrollo de las indagatorias. No obstante, señaló que aún no dispone de detalles específicos sobre el establecimiento denunciado ni sobre los ejemplares presuntamente afectados.
“No tengo el dato exactamente cuál es, solamente supe que habían denunciado y que se está investigando”, respondió al preguntarle si tenían plenamente identificado al circo involucrado.
La denuncia corresponde a los señalamientos realizados contra el Circo Osorio M.R., que permanecía instalado en Cerritos, donde organizaciones defensoras de los animales alertaron sobre presuntas condiciones de maltrato, particularmente hacia un pony identificado como Odín, que presentaba deformaciones en sus extremidades y que presuntamente era utilizado para que los visitantes montaran sobre él y se tomaran fotografías.
Las acusaciones provocaron la movilización de colectivos animalistas, cuyos integrantes permanecieron durante varias horas frente al establecimiento para exigir la intervención de las autoridades. Como resultado de estas acciones, durante la noche del 10 de noviembre y la madrugada del día 11 consiguieron que el pony fuera retirado del circo.
De manera paralela, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró una hembra de cebroide, luego de que los responsables del espectáculo no pudieron acreditar su legal procedencia ni presentar el registro necesario para el manejo de ejemplares de vida silvestre.
Con ello, el caso mantiene abiertas dos líneas de actuación institucional: la investigación penal a cargo de la Fiscalía estatal y las medidas de protección ambiental correspondientes, mientras que colectivos animalistas continúan exigiendo información sobre las condiciones y el paradero del resto de los animales que habrían sido utilizados en el espectáculo.
