San Luis Potosí, SLP.- El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el diputado Alejandro Lozano, resaltó entre los ordenamientos aprobados, la nueva Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, la cual requirió del apoyo de cámaras empresariales, del ayuntamiento de la Capital y del Gobierno del Estado.
Recordó que esta ley busca promover y fomentar el desarrollo económico sustentable, incrementar la competitividad, estimular y retener la inversión local, nacional y extranjera, así como conservar y aumentar el empleo y la generación e innovación tecnológica.
Recientemente el pleno del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí.
El legislador Alejandro Lozano González destacó que con esta ley se impulsa el crecimiento regional equilibrado sobre bases de desarrollo sustentable, y del desarrollo del capital humano, alentando todas las actividades industriales, comerciales y de servicios.
Asimismo, establece esquemas de cadenas productivas y programas de desarrollo de proveedores locales, a fin de impulsar la competitividad, la vinculación de los sectores productivo y académico para proyectos específicos de desarrollo y de capacitación, con el propósito de fortalecer y elevar la especialización y productividad de la fuerza laboral, de acuerdo al perfil de las necesidades de la industria.
Además con esta nueva ley se alienta la competitividad, modernización y eficiencia de las empresas, por medio de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico propio, adecuado a las circunstancias y vinculado a los centros de investigación y producción tecnológica, alentando la preferencia del sector público y privado por las empresas potosinas, en la asignación de obra y adquisición de bienes y servicios locales.
Se crea el Programa de Desarrollo Económico Sustentable y las facultades del Consejo Estatal de Desarrollo Económico y la Competitividad se amplían, para involucrar a los diversos sectores económicos en la definición de las políticas públicas y estrategias para el desarrollo económico y, del mismo modo, se expanden dichas facultades a los consejos regionales.
Se fijan nuevos estímulos e incentivos para atraer y retener la inversión en materia de instrumentos financieros, así como de asesoría legal, administrativa y de capacitación.
Además, se definen las actividades sujetas para la obtención de los mismos, y se amplían los criterios para su otorgamiento, haciéndose obligatorio el utilizar los de rentabilidad social, mediante factores como son, el número de empleos directos a generar; la remuneración promedio de los nuevos empleos; número de empleos de nueva creación y remuneración promedio para jóvenes trabajadores de primer empleo; número de empleos de nueva creación y remuneración promedio para personas con discapacidad; tiempo máximo para la creación de los nuevos empleos; monto de la inversión directa y el tiempo máximo para la aplicación de la inversión, entre otros.
