San Luis Potosí.- Los licenciados Arturo Iván Gallegos Gutiérrez, Armando Rodríguez Pinal denunciaron que desde el mes de septiembre que fueron contratados por un empresario de Veracruz a quien le libraron una orden de aprehensión siendo trasladado a San Luis Potosí y finalmente se observaron una serie de irregularidades cometidas desde la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de una agencia del Ministerio Público con averiguaciones integradas en escasos 30 días con elementos comunes, sin abogados autorizados ni domicilios autorizados.
Señalaron que mientras están encargados del asunto, se les han realizado una serie de complicaciones y atropellos por parte de la autoridad estatal, en donde no les dan oportunidad de avanzar con el caso e incluso en el mismo caso ha existido la intromisión de terceras personas.
Asimismo, señaló que en esta semana se dieron cuenta de que existe un asunto idéntico al que se le presentó a su cliente sin que exista un punto en común entre ellos, lo cual, señaló, delata a la Procuraduría General de Justicia del Estado en una serie de atropellos cometidos en contra de algunos empresarios a quienes se les han “fabricado” casos fraudes sin que tengan sustento legal alguno.
“Se les imputan no miles, sino muchos millones de pesos, son casos casi en modo espejo respecto al que yo llevo y como éste hay varios que no se han logrado esclarecer y queremos conocer la causa de ello, pues son cuestiones muy graves que ponen en entre dicho el actuar de esta dependencia en el estado”.
Indicó que en el expediente se leen párrafos idénticos a otros casos, lo cual les denota que existe complicidad entre varios funcionarios dentro de la misma procuraduría, pues se tienen órdenes de aprehensión y órdenes de formal prisión en foto copia y no en originales, situación que fue puesta a disposición del procurador de justicia del estado Federico Arturo Garza Herrera, quien pudo constatar que no existe formalidad en este tipo de procesos y que incluso ya tenía conocimiento de ello y de una banda que opera a través de la misma procuraduría y a su vez, terminan los procesos en los juzgados penales.
