San Luis Potosí, SLP.- Ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), se presentó formal demanda en contra de la diputada local panista Josefina Salazar Báez, acusada por el diputado del PRI, Oscar Bautista, de solicitar el blanqueo de cuentas públicas de diversos presidentes municipales, ante la Comisión de vigilancia del Congreso del Estado y exige al legislador que demuestre que Salazar solicitó “limpiar” informes financieros de los Ayuntamientos panistas de Ébano y Rioverde.
El escándalo que estalló tras la publicación de un video en el que el también panista, Enrique Flores expresa al alcalde albiazul, Crispín Ordáz, el método que debe seguir para que le perdonen 50 millones de pesos mal empleados por su administración en el último año de ejercicio fiscal, ha obligado a tres legisladores a solicitar licencia del cargo para dar paso a las investigaciones y la renuncia del auditor superior José de Jesús Martínez Loredo.
Aunque entre los legisladores se menciona que la filtración del video estuvo a cargo de Josefina Salazar, quien traía diferencias con su entonces compañero de partido, Enrique Flores, fue el diputado del PRI, Oscar Bautista quien la señaló directamente como “la única diputada que solicitó limpiar cuentas públicas”.
Ante el hecho, un ciudadano acudió este mismo lunes ante el ministerio público para presentar una denuncia con el fin de que se incluya en las investigaciones de actos de corrupción a la panista, Salazar Báez y de manera personal le solicita que pida licencia al cargo para que se someta, igual que todos los diputados mencionados en el escándalo, al escrutinio legal.
Salazar en conferencia de prensa se deslindó de las acusaciones, pero ahora la Procuraduría deberá incluirla en las indagatorias en las que, según el denunciante, hay al menos dos testigos, que no son diputados, dispuestos a dar cuenta de la petición de la panista para “blanquear” las cuentas del alcalde de Ébano, Crispín Ordáz que tiene observaciones por poco más de 52 millones de pesos y la del alcalde de Rioverde que presenta manejos no comprobados por casi 40 millones.
