San Luis Potosí, SLP.- Para la investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) Urenda Queletzú Navarro Sánchez, el caso de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, quien fuese supuesta víctima de violencia de genero por parte de los magistrados Rigoberto Garza de Lira, y Oscar Kalixto Sánchez, está teniendo una campaña de invisibilización, esto tanto por parte de algunos medios locales, así como personajes políticos, quienes acusan de manera injustificada que se trata de un golpeteo en contra de los miembros del Tribunal Electoral de SLP, para quienes ya hay una solicitud de desafuero.
Lamentó que el panorama para sancionar a los magistrados se vea un poco adverso, y no haya sororidad para la afectada, esto luego de que el viernes pasadosesión privada del Congreso del Estado, se presentaron a votación los dictámenes para instalar las comisiones encargadas de dar trámite a los juicios de procedencia, a fin de eliminar el fuero a los magistrados Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez.
De este proceso, la votación quedó con 11 diputados a favor y 10 en contra, y donde cabe destacar que varias legisladoras votaran en contra del dictamen que propicia la creación de la Comisión Jurisdiccional para desaforar a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado.
Recalcó que ya hay una sentencia de un tribunal superior en contra de los magistrados, pues se confirmó que Yolanda Pedroza fue víctima de violencia de genero por parte de sus compañeros, por lo que debería existir un compromiso político, tanto por los legisladores, pero principalmente por parte de las legisladoras.
Comento que las diputadas han hecho señalamientos en tribuna respecto a los casos de violencia contra las mujeres, sin embargo, en este caso no mostraron sororidad con una mujer que también está en el ámbito público y se comprobó la existencia de violencia política de género para ella.
“Ellas están perdiendo de vista que el apoyar ahora a la magistrada Yolanda, tiene implicaciones futuro en el resto de las mujeres, esto va en el sentido de que el caso de la magistrada que permitiría a nivel nacional colocar sobre la mesa de discusión la necesidad de reglamentar, sancionar la violencia política, mas allá de que existan protocolos de actuación y de atención”
En último punto recalco la importancia de que las legisladoras sean solidarias con su género, y que analicen su votación, puesto que algunas de ellas también han sido violentadas, incluso por sus propios compañeros.
