San Luis Potosí, SLP.- Grupo de abogados laborales y penales presentaron en 2017, una demanda en contra del secretario del trabajo, Manuel Lozano Nieto, quien al mismo tiempo de fungir como funcionario, era el apoderado legal de la empresa de seguridad “Centurión”, por lo que en juicios de despidos de trabajadores fungía como juez y parte, pero, lo mas grave, dicen en sus denuncias a la vista de códigosanluis.com es que como delegado de gobernación, consciente del delito en el que incurría, se mantuvo como abogado de dicha empresa.
Manuel Lozano fue cuestionado por el diputado del partido verde, Edgardo Hernández durante su comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo del análisis del tercer informe de gobierno de la administración de Juan Manuel Carreras, en el acto, el legislador solicitó al funcionario presentar su renuncia ante el evidente conflicto de intereses en que vivía siendo titular de la secretaría del trabajo y apoderado de una empresa a lo que Lozano Nieto respondió que poco después de que asumió el cargo, el Septiembre del 2015, le fue quitado el poder para representar a “Centurión”.
En diciembre de 2017 Manuel Lozano Nieto fue denunciado ante la Contraloría General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el propio Congreso del Estado en cuyo expediente se acreditó la comisión de diversas irregularidades con apariencia de delito en que incurría el funcionario aferrado a litigar desde su posición de secretario del trabajo, pero en ninguna de las instancias ha prosperado la demanda.
En el caso de la Contraloría General del Estado, el titular, Gabriel Rosillo Iglesias ordenó archivar el asunto por instrucciones presuntamente del gobernador; el tema fue ignorado y no se supo hasta que esta misma semana el funcionario compareció ante el Congreso del Estado.
Lozano Nieto ocupa el cargo de Secretario del trabajo desde Septiembre del 2015, según los quejosos, durante estos tres años ha mantenido litigios desde su despacho y ha utilizado el cargo para favorecer a empresarios del grupo político al que pertenece y a algunos de sus clientes en pleitos por presuntos despidos injustificados.
