San Luis Potosí, SLP. – Está a prueba el Consejo de la Judicatura federal en San Luis Potosí, pues se esperan sanciones en contra de una funcionaria que retrasó tres años la búsqueda de una víctima de desaparición forzada.
La secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en San Luis Potosí tiene una queja administrativa debido a que retrasó por tres años la búsqueda de una persona víctima de desaparición forzada.
Los familiares de la víctima incluso promovieron amparos que la funcionaria desechó, acción que ha sido revocada por tribunales.
Con la queja administrativa se espera que la funcionaria sea alcanzada por la justicia y se le impongan las sanciones correspondientes en caso de que se compruebe su responsabilidad.
Con ello queda a prueba el Consejo de la Judicatura federal en San Luis Potosí para hacer valer la palabra del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que hay «cero tolerancia a la impunidad» y que el Poder Judicial lucha por recuperar la confianza social.
