San Luis Potosí, SLP.- José Crispín Segura Lara, integrante de la asociación estatal de taxistas, informó que la presencia de un amplio grupo de trabajadores del volante en el edificio Benito Juárez, fue para buscar certeza jurídica, ante la anulación de algunas disposiciones de la denominada Ley anti Uber.
El pasado 17 de octubre hicieron una petición formal al congreso del Estado para una audiencia misma que se hizo caso omiso, por lo que decidieron hacer valer su derecho de audiencia este día.
Asimismo, se sumó la inquietud generada por la resolución de la suprema corte de justicia de la nación en la que echaron para abajo algunos artículos de la denominada Ley AntiUber.
“Se trata del decreto 444 dónde, en esa ocasión en el 2016, privatizaron el transporte público ha habido una serie de acciones de inconstitucionalidad donde prácticamente ese decreto lo dejan casi en su totalidad, sin efecto para poder que el servicio de transporte público se preste ordenadamente”.
Señaló que la presencia obedece a la necesidad de saber cuáles son los mecanismos de certeza jurídica que promoverá el congreso del Estado para evitar el caos y la aplicación de la ley que tenemos día con día
“De inicio les decían que no podían cobrar en efectivo, sólo por tarjeta y se echó para abajo por una acción de inconstitucionalidad para poder cobrar en efectivo, les decían que tenían que registrarse en la Secretaría de comunicaciones y transportes (SCT), que el vehículo únicamente fuera manejado el dueño de la unidad, fueron algunas de las cuestiones que se fueron para abajo, acciones de inconstitucionalidad”.
Asimismo, comparó el impuesto de 800 UMA’s por registro ante la secretaría que debía hacer la empresa Uber, equivalente a 80 mil pesos, mientras que el refrendo fuera de 63 mil pesos “y ni siquiera eso han cumplido. Nosotros aportamos al desarrollo del Estado cerquita de 50 millones de pesos anuales por los 5400 carros más o menos que somos.
La empresa por el N número de carros porque ellos no tienen un tope. Le deberían inyectar cada año 80 mil en el primer registro y en el segundo 63 mil pesos, crees que es congruente 63 por el N número de carros por los 50 millones inyectamos para el desarrollo del Estado como gremio, está fuera de órbita”.
Señaló que otra acción de inconstitucionalidad es el 360 bis, donde se pone que la prestación del servicio, sin permiso de concesiones un delito y se señaló como una acción de inconstitucionalidad del violar el derecho del trabajador de aplicación.
“Dónde vamos a quedar nosotros como prestadores de servicio público, con tantas acciones de inconstitucionalidad, protegiendo a una empresa privada, y dejando en estado de indefensión a un gremio taxista que ahora lo ven como la muñeca fea”.
Indicó que siguen acarreando dos temas principales: la extensión del gafete para que tenga una duración de cinco años, pues actualmente está reducido a uno y que quede establecido un descuento permanente para la licencia de manejo.
