San Luis Potosí, SLP.- La Ministra Lenia Batres Guadarrama de la SCJN visitó la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí donde abordó de manera crítica la situación actual del Poder Judicial en México en el contexto de la promoción de la controvertida Reforma Judicial.
En medio del intenso debate nacional sobre estas reformas, la ministra discutió los posibles efectos de las modificaciones propuestas y las posibles extralimitaciones del poder judicial en ciertos temas y actuaciones.
El informe sobre el Poder Judicial resaltó varios puntos cruciales, como los altos niveles de desconfianza hacia los jueces y percepciones de corrupción. También criticó la estructura costosa y elitista del sistema judicial, con salarios elevados para jueces y ministros, a pesar de las limitaciones presupuestarias en otras áreas públicas. Además, se mencionaron problemas de nepotismo, sesgos raciales y de género en las decisiones judiciales, junto con críticas sobre la falta de eficiencia y transparencia en la administración de recursos y justicia.
En su intervención, la ministra también analizó las prácticas y decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con la declaración de inconstitucionalidad de leyes. Explicó que la Corte no solo invalida leyes específicas en casos de controversia constitucional, sino que también ha revivido leyes derogadas y ha establecido directrices para legislaturas sobre cómo abordar ciertos temas. Esto ha llevado a críticas sobre una posible expansión del poder judicial en áreas que podrían ser competencia legislativa, como la aplicación rigurosa de consultas a comunidades indígenas y personas con discapacidad, lo cual algunos consideran que más que contribuir, afecta a estos sectores.
En términos democráticos, Batres Guadarrama defendió el principio de la democracia como un sistema que asegura la igualdad de todos los ciudadanos en la toma de decisiones, donde cada voto cuenta por igual, independientemente de la condición económica o social de la persona. Además, se manifestó en contra de la noción de «tiranía de las mayorías», argumentando que es un concepto desfasado y antidemocrático que socava el principio de igualdad inherente a la democracia.
Asimismo, propuso que los jueces en México deben actuar en interés del bien público y social, evitando formalismos innecesarios y reparando los daños al erario público. Esto, según ella, contribuiría a una administración de justicia más efectiva y ética.
“Creo que por eso deberíamos facultades sobre todo que es donde se reproducen este tipo de perjuicio o de normas de liberalismo naciente del siglo XVIII del siglo XIX, que debemos desecharlos en particularmente la comunidad jurídica y la comunidad judicial. Deberíamos ser absolutamente respetuosas de la voluntad democrática de nuestro país”.
