Un caso doloroso, desgastante y eterno parece haber llegado al final, luego que el Poder Judicial del Estado ratificó la sentencia en contra de 2 de 4 implicados en el asesinato del joven Alan Francisco Ibarra Castillo, perpetrado hace más de 5 años.
Aunque su madre Silvia Castillo Hernández y el Ministerio Público presentaron recurso de apelación para modificar la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2023, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), confirmó una pena de prisión de 20 años para Óscar Fernando N. y Juana Astrid N. por homicidio calificado en contra Alan Francisco Ibarra Castillo, cometido el 24 de marzo de 2019.
También una sanción pecuniaria de 2 mil días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente a 168 mil 980 pesos; el pago de la reparación del daño de manera mancomunada, por la suma de 258 mil 539.40 pesos; y la suspensión de derechos políticos y civiles.
Además, confirmó la sentencia absolutoria a favor de Fernando N. y Astrid N. por el delito de desaparición forzada de personas y sentencia absolutoria a favor Astrid N. por el diverso de falso testimonio.
Ello, al desahogar el recurso de apelación bajo la toca UG/ASA-71/2024, presentado por ambos imputados, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Silvia Castillo Hernández, madre de Alan Francisco.
CERCA DE LA JUSTICIA
De acuerdo con la FGE, el 24 marzo de 2019, aproximadamente a las 13:00, al exterior del domicilio de Alan Francisco, aprovechándose de la confianza que le tenían, Óscar Fernando N., Juana Astrid N., Adrián N. y Víctor Alfonso N. lo trasladaron a un lugar indeterminado hasta el momento en donde lo golpearon en la cabeza y en la cara dejándolo en estado de inconsciencia.
Posteriormente con la finalidad de ocultar la comisión de este hecho, aproximadamente entre las 03:40 y las 05:00 horas del 25 de marzo del 2019, se trasladaron a la carretera 80, kilómetro 15, en el tramo Escalerillas – Guadalajara, donde colocaron el cuerpo agónico de Alan Francisco en una caja de una camioneta estaquitas marca Nissan.
Después procedieron a prenderle fuego causándole quemaduras de cuarto grado en toda su superficie corporal logrando con ello carbonizar a la víctima, circunstancia que aceleró su muerte.
Dentro del estudio de la Segunda Sala, validó la decisión del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento, patentiza, que los sujetos activos actuaron dolosamente al ejecutar la conducta y aun a sabiendas de su ilicitud, aceptaron las consecuencias de los hechos.
Esto, porque es evidente que el agredir físicamente a una persona hasta dejarla inconsciente, para después prender fuego a su integridad causa un daño grave e incluso la pérdida de la vida.
Explicó que también se analizaron las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, los medios empleados para cometer el delito y la forma de intervención de las personas sentenciadas, pues con las pruebas de cargo desahogadas en el juicio oral, tuvieron por demostrado que actuaron como coautores.
“La colocaron (a Alan Francisco) sobre la caja de una camioneta marca Nissan, tipo estaquitas y le prendieron fuego, por lo que la causa de muerte fue por carbonización del 99% de su cuerpo”, finalizó.
Respecto a no imputar el delito de desaparición forzada, señaló que al momento en que se realizaron las acciones encaminadas a incinerar el cuerpo, éste aún se encontraba con vida; es decir, no se trataba de restos humanos o de un cadáver; circunstancia que por sí sola impidió el análisis exhaustivo del segundo elemento y de la responsabilidad penal de los involucrados.
