San Luis Potosí, SLP.- Representantes de comunidades indígenas asentadas en el estado promovieron un juicio de amparo para cuestionar la legalidad en el nombramiento de Giovanna Itzel Argüelles Moreno como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al considerar que el Congreso local vulneró su derecho a ser consultados e informados en su idioma.
El recurso, respaldado por el Centro de Derechos Humanos “Fray Samuel Ruiz” y líderes de comunidades como la Mixteca Baja, Otomí y Mazahua, fue presentado ante el Juzgado Sexto de Distrito, señalando omisiones que impidieron su participación efectiva en el proceso legislativo.
“El Congreso no sacó la convocatoria en nuestra lengua, aún cuando en el estado de San Luis Potosí existe el artículo noveno, donde se habla claramente que cualquier afectación o iniciativa tiene que traducirse en nuestra lengua, se nos tiene que consultar”, denunció Narciso Mendoza López, quien habló en nombre de la comunidad Mixteca Baja.
El abogado Ricardo Sánchez García, del Centro Samuel Ruiz, explicó que la demanda fue admitida y se fijó fecha para la audiencia constitucional, mientras el Congreso tiene hasta el 29 de mayo para entregar su informe.
“Es muy importante saber que el amparo es el recurso que nos queda a la ciudadanía, en este caso a ellos, cuando se saben que sus derechos han sido violentados”, declaró Sánchez García, al advertir que los derechos de inclusión y acceso a la información en lengua originaria fueron pasados por alto.
También subrayó que esta omisión dejó fuera a representantes indígenas tanto en la presidencia como en el Consejo Ciudadano de la CEDH, afectando la representatividad de los pueblos originarios.
“Nos hemos hecho escuchar por medio de los amparos, de las quejas, y este último hecho violenta totalmente nuestros derechos humanos a la participación”, señalaron los representantes durante la conferencia.
Juana Francisco Juan, representante Otomí, sostuvo que el reclamo por la traducción no es un detalle menor, sino una defensa de la identidad cultural de los pueblos indígenas.
“Nosotros queremos que no se pierdan nuestros usos y costumbres, nuestra lengua. Una persona que habla nuestra lengua puede entender todas las necesidades. Tenemos que consultar a nuestras comunidades, desde los jóvenes hasta la tercera edad, y eso no se cumplió”, expresó.
Finalmente, Sánchez García afirmó que el proceso podría ser invalidado si así lo determina el juez. “Lo que se quiere es que haya un ordenamiento de un juez que reponga el proceso desde cero, en la convocatoria”, concluyó.
