San Luis Potosí, SLP.- Luisa María y Diana Abigail Rosales García acusaron al IMSS en San Luis Potosí y a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de negligencia médica que culminó con la muerte de su padre, Jesús Alfonso Rosales Vázquez, quien fue intendente en una escuela afiliada al SEER y trabajador sindicalizado de la Sección 52 del SNTE.
Las hijas explicaron que su padre padecía desde hace varios años una enfermedad que afectaba la médula ósea y la próstata, condición que le impedía laborar. Durante 14 años le otorgaron incapacidades cada dos años, sin que se iniciara el trámite para su jubilación.
Relataron que en octubre pasado, la Oficialía Mayor suspendió tanto su salario como el servicio médico, a pesar de contar con un dictamen vigente de incapacidad. Esto provocó que el IMSS le negara atención, obligando a la familia a asumir todos los gastos relacionados con la salud de Rosales Vázquez.
En noviembre, el paciente fue internado en la clínica del IMSS en Zapata, donde contrajo una infección bacteriana. Al no contar con seguro activo, fue dado de alta sin recibir tratamiento adecuado. Por esta razón, en enero presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar la reactivación del servicio médico. Aunque lograron la gestión, la salud del paciente ya se encontraba gravemente comprometida.
También señalaron que sólo percibió una quincena de sueldo antes de que se suspendiera nuevamente el pago. Durante ese periodo, la familia tuvo que cubrir gastos de traslado en ambulancia, medicamentos, sondas y atención médica en casa, servicios que el IMSS negó, pese a que Rosales Vázquez estaba inscrito en el programa ADEC.
El fallecimiento ocurrió tras su ingreso de urgencia al hospital de Soledad, con un diagnóstico oficial de sepsis generalizada, derivada de una infección no tratada desde su estancia en el IMSS.
Después de su muerte, la Oficialía Mayor emitió un oficio en el que informaba que “apenas se evaluaría su caso para pensión”, lo que las hijas consideraron una burla. “Es una falta de respeto. Desde el lunes sabían que mi papá había fallecido y hasta el miércoles apenas ‘iban a meter su caso a junta’”, reprocharon.
Las hijas responsabilizan al SEER, la Oficialía Mayor y el IMSS por el abandono que sufrió su padre, y exigen justicia para un trabajador que dedicó casi tres décadas al sistema educativo estatal.
