México.- Durante 2024, México registró más de 8 200 nacimientos en niñas que dieron a luz de entre 10 y 14 años, es decir, alrededor de 22 partos infantiles diarios.
Aunque los números estremecen por sí solos, detrás de cada uno hay una historia marcada por violencia, desigualdad y omisión institucional.
Se registraron al menos 30 casos más extremos por la juventud de las madres, con los pocos pero reveladores datos disponibles sobre la edad de los padres.
Entre los registros están:
* En Texcoco, Estado de México, una niña de 10 años, el padre de 32 años.
* Veracruz, niña de 11 años y el padre de 44 años.
* En Matehuala, San Luis Potosí, una niña de 11 años dio a luz en 2024. El padre del bebé tenía 47 años.
* En el Estado de México, se documentaron varios casos de niñas menores de 12 años embarazadas por hombres de hasta 65 años.
* En Jalisco una niña de 12 años y el padre de 50 años.
* Otros casos muestran patrones repetidos donde el padre es al menos 20 años mayor que la menor.
Estos ejemplos, lejos de ser aislados, reflejan una problemática nacional de abuso sistemático y relaciones desiguales disfrazadas de uniones informales o forzadas.
En promedio, 6 de cada 10 casos donde se conoce la edad del padre muestran una diferencia de más de 10 años con respecto a la madre.
En 2024, más de 8,200 partos ocurrieron en niñas menores de 15 años, lo que equivale a 1 cada 65 minutos en todo el país.
Estas cifras se mantienen pese a la existencia de leyes que prohíben relaciones sexuales con menores de edad, lo que subraya la ineficacia de mecanismos de protección infantil.
El embarazo infantil no es solo una cuestión de salud pública; es una forma de violencia que afecta profundamente:
* Riesgos médicos: eclampsia, hemorragia, aborto espontáneo, muerte materna.
* Efectos sociales: abandono escolar, pobreza intergeneracional, dependencia económica.
* Impacto psicológico: trauma, estigmatización, aislamiento.
Aunque la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) busca erradicar los embarazos en menores de 15 años desde 2015, los resultados aún son limitados.
* Faltan políticas efectivas de prevención del abuso sexual.
* El acceso a educación sexual integral sigue siendo irregular y estigmatizado.
* El sistema de justicia rara vez actúa con la debida diligencia.
