Está claro que las elecciones por voto popular marcaron un nuevo paradigma en quienes impartirán la justicia, no solo por las decenas de impugnaciones, sino porque de aquí en adelante tiene una carga de trabajo difícil de sortear en los próximos años.
Durante el año 2024, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí, ingresó 4 mil 835 causas por cuestiones penales, sin embargo, 5 mil 528 quedaron pendientes de concluir.
Es decir, a lo largo del año pasado crecieron 14 por ciento los asuntos pendientes de resolver en el Poder Judicial del Estado, tanto por los expedientes ya existentes más los que se acumularon con los ingresos.
Así lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al presentar los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJF-E) 2025.
Según el informe estadístico, del total de las causas penales, 4 mil 812 corresponden a casos de adultos y 23 de adolescentes; así como 421 determinaciones y/o conclusiones, de ellas 406 de adultos y15 de adolescentes.
Asimismo, de las 5 mil 570 pendientes de concluir, 5 mil 528 de adultos y 42 de adolescentes. O sea, que no solo aumentaron 14 por ciento los asuntos penales, sino que solo se resolvieron el 9 por ciento.
Con todo y eso, el Noveno Circuito de San Luis Potosí con 320 expedientes, se ubicó como el décimo séptimo circuito con más causas penales ingresadas del país.
NO SOLO FUE EN LA MATERIA PENAL
De acuerdo con el Censo Nacional, el órgano jurisdiccional en su conjunto emitió un total de 23 mil 468 sentencias, de ellas 11 mil 241 de lo familiar, 6 mil 144 del ámbito civil, 4 mil 472 en materia mercantil, 408 de lo laboral y una no especificada; lo penal fue notificado.
A partir de la información anterior queda claro que el trabajo judicial conclusivo en territorio potosino, se concentra en 48 por ciento en controversias familiares (pagos de manutención, permisos de convivencia, entre otros).
Por su parte y muy similar a las causas ingresadas por cuestiones penales, se incorporaron 42 mil 184 casos a los órganos jurisdiccionales o juzgados de primera instancia, de los cuales solo 19 mil 338 se consideraron como determinados y/o concluidos.
Es decir, que solo el 46 por ciento de los asuntos que tuvieron conocimiento los jueces de control pudieron establecer una resolución en algún sentido.
El año pasado, el Poder Judicial potosino operó con mil321.5 millones de pesos, el treceavo más alto del país. De este financiamiento, la mayoría se destinó al pago de nómina de trabajadores y jueces.
En ese sentido, el STJE cuenta con 14 magistraturas y 62 personas juzgadoras, por ello, puede entenderse la sobrecarga de trabajo que diariamente se observa en las audiencias, tal como lo admitió hace unas semanas la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Y no solo fue eso, pues también reconoció que luego de revisar el proceso de entrega-recepción encontró casos con años de rezago, por lo cual, instruyó a los nuevos juzgadores centrarse en ellos y buscar desahogarlos.
En síntesis, la radiografía del INEGI no está sujeta a interpretación, sino que es una realidad que lacera el acceso a la justicia y tardará varios años en ser mucho más accesible. Mientras ello sucede, el tiempo comprobará si sirvió de algo la reforma para elegir por voto popular a las y los impartidores de justicia.
