San Luis Potosí, SLP.- Una iniciativa ciudadana que propone reformar el Código Penal del Estado para redefinir el delito de violación con base en la ausencia de consentimiento libre, voluntario y afirmativo fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado.
La diputada Roxana Hernández Ramírez, en su calidad de portavoz en tribuna, dio lectura al proyecto impulsado por la abogada Fátima Alvizo, quien promovió la propuesta junto con mujeres potosinas en ejercicio de sus derechos políticos, conforme al artículo 61 de la Constitución local.
La legisladora explicó que la iniciativa de Alvizo no surge de un grupo parlamentario ni responde a una coyuntura mediática, sino que es resultado de un proceso de análisis jurídico, acompañamiento comunitario y diálogo con niñas, adolescentes, madres y especialistas en derechos humanos.
De acuerdo con lo expuesto, las promoventes advierten que el Código Penal vigente mantiene un paradigma que centra la configuración del delito de violación en la violencia física o moral, y no en la ausencia de consentimiento. Señalaron que este enfoque ha sido superado por estándares internacionales y que, en la práctica, ha contribuido a procesos de revictimización e impunidad.
La reforma plantea establecer expresamente que el consentimiento debe ser libre, voluntario y afirmativo; que el silencio o la falta de resistencia no pueden interpretarse como aceptación; y que deben reconocerse contextos de coacción, abuso de poder o vulnerabilidad. Asimismo, propone eliminar la figura del estupro, al considerar que genera una jerarquización inaceptable de la violencia sexual contra adolescentes.
Se subrayó que la discusión debe abordarse desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos. Se hizo referencia a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que la violencia sexual se configura por la ausencia de consentimiento y no por la acreditación de fuerza física, así como a las obligaciones del Estado mexicano derivadas de la Convención de Belém do Pará.
La legisladora señaló que San Luis Potosí no puede quedar rezagado frente a la evolución del derecho internacional y comparado, y que el Congreso tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la autonomía, integridad y dignidad de las personas, en particular de niñas y adolescentes.
Finalmente, Hernández Ramírez indicó que la iniciativa se presenta en nombre de sus promoventes ciudadanos y confió en que será analizada con apertura y rigor técnico por parte de la LXIV Legislatura.
