San Luis Potosí.— Óscar Ricardo López Leyva, presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), órgano encargado de resolver los conflictos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, enfrenta un señalamiento incómodo dentro de un juicio de amparo: la cuantificación realizada en el caso de una maestra de Telebachillerato Comunitario fue cuestionada ante la justicia federal por no considerar, presuntamente, todos los periodos que debían integrar la liquidación.
El asunto corresponde al expediente 30/2021, Mesa 4, relacionado con un incidente de liquidación derivado de un conflicto laboral. De acuerdo con lo planteado ante la justicia federal, después de que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito ordenara realizar la cuantificación correspondiente, el cálculo efectuado por el TECA habría dejado fuera años que debían ser considerados. En términos simples: si se contabilizan menos periodos, el monto de la liquidación también disminuye.
El caso llegó al Juzgado Sexto de Distrito, dentro del amparo 1002/2026, donde el cálculo realizado por la autoridad laboral fue materia de revisión. El fondo del señalamiento resulta particularmente delicado: no se trata únicamente de interpretar una norma laboral, sino de determinar correctamente los periodos y cantidades que corresponden a una trabajadora conforme a una resolución judicial.
La situación cobra mayor relevancia por la responsabilidad que tiene López Leyva al frente del organismo. El funcionario cuenta con grado de magistrado y fue designado por el Congreso del Estado como presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para el periodo comprendido del 1 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2027.
Pero el expediente también abre una pregunta de mayor alcance: ¿quién tomó la decisión sobre la cuantificación y quién supervisó que ésta cumpliera exactamente con lo ordenado por los tribunales federales?
En el ámbito laboral existen señalamientos y versiones sobre la concentración de decisiones en la presidencia del TECA; sin embargo, para sostener una responsabilidad personal en este caso tendría que acreditarse documentalmente quién intervino en la elaboración, autorización y ejecución de la cuantificación cuestionada.
Y el asunto todavía tiene otro ingrediente. De acuerdo con la parte afectada, los requerimientos posteriores para corregir o cumplir con lo ordenado por la autoridad federal no habrían sido atendidos en los términos correspondientes.
De confirmarse un incumplimiento de una sentencia de amparo, las consecuencias no serían meramente administrativas, pues la legislación contempla mecanismos específicos para hacer cumplir las resoluciones judiciales y, dependiendo de las circunstancias, determinar responsabilidades.
Por ahora, la maestra de Telebachillerato Comunitario continúa esperando que la liquidación se realice conforme a lo que ordenaron los tribunales. Y el TECA, encabezado por López Leyva, tiene frente a sí una tarea que debería ser elemental en cualquier tribunal: hacer que las cuentas coincidan con las resoluciones judiciales.
Porque cuando una operación aritmética termina en un juzgado federal, el problema ya no es solamente cuánto da la suma. La pregunta es quién la hizo, por qué salió así y por qué tuvo que intervenir un juez para pedir que se vuelva a calcular.
