Araceli Martínez Acosta advirtió que inDrive no cumple con los requisitos legales para obtener autorización; las multas por prestar servicio sin permiso van de 300 a 500 UMA.
San Luis Potosí, S.L.P.– Más de 20 unidades que prestaban servicios de transporte sin autorización fueron retiradas de circulación durante la última semana en San Luis Potosí, informó la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, quien confirmó avances en la regularización de plataformas digitales como Uber y DiDi.
Al término de su comparecencia ante el Congreso del Estado, la funcionaria explicó que Uber ya realizó el pago correspondiente a su autorización, aunque todavía debe registrar los vehículos que operan mediante su aplicación y presentar a sus conductores para que reciban capacitación y obtengan el gafete de redes de transporte establecido por la legislación.
En el caso de DiDi, señaló que la empresa ya estableció contacto con la dependencia y se encuentra próxima a iniciar el procedimiento para registrar a sus operadores y avanzar hacia la prestación legal del servicio.
Sin embargo, la situación es distinta para inDrive, plataforma que, de acuerdo con Martínez Acosta, permanece sin acercamientos con la SCT y cuyo modelo de operación presenta impedimentos para obtener una autorización.
“Los que sí se encuentran totalmente desconectados son los de inDrive, que además, de acuerdo con lo que nuestra ley establece, no podrían obtener un registro”, expresó.
La secretaria explicó que entre las principales observaciones se encuentran su esquema de tarifas dinámicas y la falta de exigencia de seguros a los vehículos que prestan el servicio, condiciones que, sostuvo, impiden concederle autorización bajo la normativa vigente.
Ante este panorama, aseguró que continuarán los operativos para retirar de circulación a quienes trabajen sin permiso, aunque rechazó que las inspecciones representen una persecución contra los conductores de plataformas digitales.
“No es una cacería. Hoy entendemos que todas las modalidades son importantes, entendemos también que la gente decidirá en qué tipo de transporte desea trasladarse”, puntualizó.
Asimismo, abrió la posibilidad de que los conductores se acerquen directamente a la SCT para recibir orientación e incluso obtener un registro provisional, aunque aclaró que este documento no sustituye el procedimiento legal que debe realizarse a través de las empresas.
Finalmente, precisó que las sanciones por prestar transporte remunerado sin autorización van de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). La dependencia aplica generalmente la multa mínima, mientras que en casos de reincidencia puede incrementarse.
Martínez Acosta reiteró que la intención es incorporar a los prestadores del servicio al marco legal y mantener abiertas las vías de diálogo con los operadores, sin suspender las acciones de inspección.
