Pese a 398 abortos voluntarios en 2026, persiste criminalización de mujeres en SLP: GIRE
San Luis Potosí, SLP.- Aunque durante 2026 se han practicado 398 abortos voluntarios en San Luis Potosí y el servicio está disponible en 23 unidades médicas, las mujeres y personas gestantes todavía pueden enfrentar actos de criminalización al buscar atención médica, de acuerdo con un análisis del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
En el documento Cómo se vive la criminalización, la organización advierte que este problema va más allá de las denuncias o los procesos judiciales, pues también se manifiesta dentro de hospitales y centros de salud mediante prejuicios, malos tratos, negligencia, interrogatorios y desinformación sobre los procedimientos médicos.
GIRE distingue dos formas de criminalización: la simbólica y la penal. La primera ocurre cuando el personal médico impone interpretaciones sobre lo sucedido, proporciona información clínica distorsionada o mantiene a las pacientes sin certeza sobre su condición de salud. La segunda se presenta cuando los hechos derivan en investigaciones penales o actuaciones que vulneran los derechos procesales de las personas.
Entre los casos identificados por la organización están aquellos en los que se presume que ciertos síntomas son evidencia de que una mujer provocó la interrupción de un embarazo, así como situaciones en las que se retrasa o niega la atención médica. También se documentan alteraciones en los expedientes clínicos sobre las semanas de gestación y avisos a las autoridades ministeriales.
El análisis advierte que las prácticas de criminalización pueden incluir la intervención de policías en los hospitales, interrogatorios, pacientes esposadas a camas, declaraciones y fotografías obtenidas sin autorización, además de la falta de información sobre sus derechos y la posibilidad de contar con asesoría legal.
Estas situaciones pueden presentarse tanto cuando una persona acude por una emergencia obstétrica como cuando solicita atención relacionada con la interrupción de un embarazo.
La organización también identifica un mecanismo al que denomina “protocolo de criminalización”, que involucra los ámbitos médico, jurídico y social. Dentro de este proceso señala la “creación de culpa” y la “creación de defensa”, dinámicas que pueden llevar a las personas a sentirse responsables de lo ocurrido o a tener que justificar sus decisiones y demostrar que no incurrieron en un delito.
GIRE señala que estas conductas representan obstáculos para garantizar servicios médicos seguros, oportunos y de calidad. Además, advierte que el miedo a ser denunciadas, investigadas o recibir malos tratos puede provocar que las personas eviten acudir a instituciones públicas, incluso cuando enfrentan complicaciones que requieren atención inmediata.
Ante este panorama, la organización plantea como medidas necesarias la despenalización total del aborto, la capacitación del personal de salud y mecanismos de supervisión institucional que impidan que las pacientes sean sometidas a interrogatorios, reportes o investigaciones por solicitar atención relacionada con la interrupción del embarazo.
