San Luis Potosí, SLP.- El Diputado, Jorge Alejandro Vera Noyola no descartó que en un futuro los nombramientos de quienes integran el gabinete estatal tengan que darse con autorización del Poder Legislativo.
Expuso que a nivel federal, esa es la tendencia ya que se plantea que el Congreso tendrá la facultad para ratificar a los secretarios de Estado nombrados por el Presidente, en caso de que opte por un gobierno de coalición.
Por este motivo, dijo que a nivel estatal se pudiera legislar para que algunos nombramientos pasen por la autorización y por la revisión del Congreso, en este caso que es la representación popular.
Lo anterior, una vez que también se trabaja en una iniciativa par reformar la Constitución Local para armonizarla con la Legislación Federal, con el objetivo de dar mayor legitimidad al nombramiento de Procurador General del Estado, en relación a la forma de la nominación, elección y remoción del Procurador General del Estado, quien cambiaría de nombre a Fiscal General del Estado.
Agregó que además la forma de elección será muy similar a como se autorizó en la Constitución Federal, esto consiste en que el Congreso del Estado sea quien haga las propuestas de quien pueda ocupar el cargo de Fiscal General del Estado y que el Ejecutivo dentro de todas esas propuestas elija una terna que será regresada al Poder Legislativo y de ahí se elegirá a quien vaya a ocupar el cargo.
Así mismo dijo que ahora la propuesta es que se haga similar a nivel nacional, que el Fiscal e incluso contempla que el Fiscal podrá ser removido por el Ejecutivo sin embargo el Congreso podrá oponerse.
Según la propuesta, el Congreso del Estado tendrá la atribución de elegir con el voto de por lo menos dos terceras partes de sus miembros, una terna de propuestas que deberán ser presentadas al Ejecutivo del Estado para que de entre éstas designe la persona en quien recaiga el nombramiento de Fiscal General del Estado.
Esa terna se elegirá de una lista de hasta con 9 nombres que deberá presentar la Comisión de Justicia. Ese listado será resultado del procedimiento que se instrumente por parte de la Comisión de Justicia el cual estará sustentado en convocatoria pública para que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y el foro de abogados realice las propuestas sobre los perfiles que consideren idóneos.
