Castigo más duro a quien prive de libertad

San Luis Potosí, SLP.- A iniciativa de la diputada Marianela Villanueva Ponce, el pleno del Congreso del Estado reformó el artículo 134; y derogó de la Parte Especial en el Título Segundo el capítulo VII y sus artículos 142 y 143  del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que tipificaban  y sancionaban  el delito de rapto, ya que el bien jurídico que  se tutela es la libertad de las personas, y en consecuencia queda subsumido en la figura de la privación ilegal de la libertad.

Con esta reforma el artículo 134 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí establecerá que se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días de sanción pecuniaria, al particular que prive a otro de su libertad, sin el propósito de obtener un lucro.

La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad cuando: la privación de la libertad exceda de veinticuatro horas; se realice con violencia; la víctima sea menor de dieciocho, o mayor de sesenta años de edad; o cuando por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.

Esta reforma fue porque nuestro país se ha adherido a diversos tratados internacionales que  establecen que los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de violencia, trata, explotación, discriminación, en agravio  de mujeres y niñas. Y es el rapto, una conducta que se comete en perjuicio de la libertad de las personas, y cuya práctica recurrente ocasiona matrimonios forzados, que inclusive constituyen otra figura delictiva, como la trata de personas.

Por lo que, atendiendo a los reclamos de la sociedad, y en apego a los convenios y tratados internacionales, y ponderando las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deroga el capítulo VII del Título Segundo de la Parte Especial y sus artículos 142 y 143 del Código Penal del Estado, según se señala en la exposición de motivos del dictamen aprobado

Se agrega que es conocido que en la antigüedad, so pretexto del respeto de los usos y costumbres de los pueblos indígenas los matrimonios pactados por los padres de los contrayentes e incluso la entrega de una dote por la mujer casadera era una práctica común, que sin lugar a dudas transgrede la libertad, dignidad, e integridad de mujeres y niñas, así como lo previsto por el artículo 4 de la “Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que señala “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer”²;  así como lo estipulado el arábigo 16 incisos a) y b)  en la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW)  en su artículo 16 punto 1,  incisos a) y b)³ en los que se establece la obligación de estados parte, de adoptar  todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, la obligación de asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, consagrando el mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento.

Lo anterior no significa que la conducta deje de sancionarse, pues como ya se mencionó se comete en detrimento de la libertad de las personas, por lo que ha de reprocharse y castigarse.

Así, es que al constituir el delito de privación ilegal de la libertad, que se tipifica y sanciona en el artículo 134, éste se reforma para especificar que no existe el propósito de obtener un lucro, pues en tal caso se trataría de la figura del secuestro.  Y al ser casuístico, se establece una redacción general, ya que de otra forma limitaría la interpretación del Ministerio Público, así como del Juez.