Luego de durante más de año y medio luchara por protección a su vida y a su entorno, por fin, la justicia federal ordenó a Gobierno del Estado protección real y estudiada al periodista Everardo González Castanedo, amenazado presuntamente, por trabajadores de gobierno y funcionarios de nivel medio, por su trabajo crítico a la administración carrerista. Con ello, se confirma la omisión que, con alevosía y ventaja, hicieran del caso el secretario general de Gobierno Alejandro Caco Leal Tovías, el secretario de Seguridad, Jaime Ernesto Pineda Arteaga y su ahora ex director de la DGSPE, Raúl Alanís Beltrán, el omiso encargado de los derechos humanos en el Gobierno Estatal, Ulises Valencia así como diputados locales, todos, mismos que hicieron gala de un valemadrismo oficial al riesgo que corre el periodista.
La orden federal, otorga al periodista custodia policiaca permanente a él y a su entorno familiar, además de que ordena avances en las diferentes carpetas de investigación iniciadas por el periodista en la Fiscalía General del Estado.
Como se recordará, fue el periodista quien en primera instancia denunció ante las autoridades locales las diversas amenazas telefónicas, de mensajería y personales que le hicieran diferentes personas advirtiéndole “que le bajara de huevos” por su constante labor crítica al gobierno carrerista.
Aunado a ello, ha recibido incluso lesiones al tener enfrentamientos con policías ministeriales quienes “le tienen el ojo encima” derivado de su cobertura periodística en el ámbito de la nota roja.
El calvario del periodista dio inicio tras las amenazas, mismas que denunció ante las autoridades, quienes bajo órdenes oscuras fueron bloqueando uno a uno las peticiones de protección del periodista. Este tema toca las fibras más altas del Gobierno estatal, pues los subordinados del gobernador Juan Manuel Carreras, no movieron un ápice para brindar las garantías mínimas de protección al periodista, peor aún, incluso trataron de inventar que el propio afectado se autoamenazaba.
A tal punto llegó la intención de bloquear cualquier ayuda al periodista, que incluso el propio secretario de Gobierno, Alejandro Leal, ordenó a la fiscalía a que, mediante la Secretaría de Seguridad Pública, se le practicaran pruebas grafológicas al periodista para verificar que realmente era él el que firmaba sus documentos oficiales y sus peticiones de apoyo.
Por su parte, en la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, en ese momento en manos del fallido director Raúl Alanís, se ordenó una “protección”, obligando a los elementos policiacos a decir que el periodista no era localizable y que en su casa nunca estaba, por lo que no se le podía brindar cuidado.
Fue hasta cuando el periodista encaró en persona al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, que los funcionarios señalados trataron de simular protección al afectado, siendo “cuidado” unos días si otros más no, lo que vulnera la calidad de vida de la víctima.
Gracias al trabajo del Licenciado Rodolfo Isaac Monsiváis Morquecho, de Soluciones Despacho Jurídico –quien ha vencido en asuntos legales en reiteradas ocasiones a Gobierno del Estado- y con su impecable labor en pro del periodista, que se logró la resolución federal para protección al afectado, dando por tierra las artimañas y malas artes de los subordinados carreristas, quienes en su afán de bloquear la libertar de expresión, sientan un precedente nacional de que el gobierno de Juan Manuel Carreras López no protege, ni apoya el derecho humano a ser informado, aunque esta información no le sea productiva, aunque vale la pena aclarar, que el mismo gobernador ha atenido y escuchado a los periodistas potosinos, sin embargo, no así sus subordinados, quienes ignoran las indicaciones que gira el titular del ejecutivo.
Será a nivel federal, además, que se llame a cuentas a los funcionarios involucrados, mismos que hasta el momento, no han logrado siquiera resolver el cobarde asesinato del fotoperiodista potosino Edgar Daniel Esqueda.
Queda en manos del gobierno carrerista limpiar esa imagen de valemadrismo oficial a la libertad de prensa.
Mención aparte merece la Comisión Estatal de Derecho Humanos, misma que eso y nada, es equivalente.
